Tras un acucioso procedimiento de fiscalización a la Fundación Procultura – en atención a antecedentes sobre eventuales irregularidades, faltas y/o delitos cometidos por la entidad, sus miembros y terceros en la administración y uso de los fondos públicos -, el Ministerio de Justicia pidió la disolución de dicha organización.
Esto, luego que, en el marco del mencionado procedimiento de fiscalización, entre otras acciones, en reiteradas ocasiones se solicitó distinto tipo de documentación a la entidad, obteniendo respuesta nula, incompleta o sin resultado íntegro a la fecha, de su parte.
Agotada esa instancia y analizados los antecedentes disponibles, este Ministerio infiere que la Fundación ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social; y, se determinó, una desproporción de los gastos en personal y honorarios respectos de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta.
En conclusión, esta cartera de Estado considera que esta Fundación ha infringido gravemente sus estatutos, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 557 y 559 letra c) número 1) y 2) del Código Civil, se solicita al Consejo de Defensa del Estado ejercer la acción destinada a disolver por sentencia judicial la asociación denominada “FUNDACIÓN PROCULTURA”, cuya personalidad jurídica fue obtenida mediante Decreto de Justicia N° 3.031, de 14 de mayo de 2010.
