Por Benjamin Mullin para de New York Times. 30 de mayo
En Estados Unidos, el financiamiento de medios públicos de comunicación existe, y ahora resiste, los recortes fiscales del gobierno de Donald Trump.
La Corporación para la Radiodifusión Pública (Public Broadcasting Service, PBS por sus siglas en inglés) demandó este viernes 30 de mayo al presidente Trump para bloquear una orden ejecutiva que recortaría la financiación federal para la televisión y la radio públicas, por ser inconstitucional.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito en Washington por PBS y una estación de televisión pública en Minnesota, dice que la orden de Trump viola las leyes que «prohíben al presidente servir como árbitro del contenido de la programación de PBS, incluso intentando retirarle indirectamente la financiación a PBS».
“La orden ejecutiva no intenta ocultar que está cortando el flujo de fondos a PBS debido al contenido de su programación y con el deseo de alterar el contenido del discurso”, afirma la demanda. “Eso constituye una flagrante discriminación por puntos de vista”.
Trump firmó una orden ejecutiva este mes exigiendo que la Corporación para la Radiodifusión Pública (PBS), financiada por los contribuyentes, recortara la financiación federal a NPR y PBS, argumentando que estas organizaciones tenían sesgos políticos. Ambas se opusieron con vehemencia: NPR demandó para bloquear la orden ejecutiva esta semana, y Paula Kerger, directora ejecutiva de PBS, la calificó de «flagrantemente ilegal».
La orden, dice PBS, “trastocará la televisión pública”, que durante décadas ha transmitido programas como “Plaza Sésamo”, “Mister Rogers’ Neighborhood” un programa de TV con más de 31 temporadas para los niños preescolares, en el que se recrea un vecindario como un lugar donde los niños son tratados como personas inteligentes; y “Frontline” una popular serie documental de larga duración, conocida por su periodismo de investigación.
Aproximadamente el 16% del presupuesto anual de PBS, proviene directamente de subvenciones de la Corporación para la Radiodifusión Pública (PBS),la que invierte más de 500 millones de dólares al año en medios públicos. La orden de Trump pone en riesgo aproximadamente el 61% de su presupuesto, proviene de las cuotas que cancelan las emisoras locales por recibir los aportes de PBS, argumentando que la prohibición de la Casa Blanca a esa financiación indirecta de PBS se aplicaría directamente a las emisoras locales.
La Corporación para la Radiodifusión Pública recibe su financiación del Congreso con dos años de antelación para aislarla de las prioridades políticas de corto plazo.
Un portavoz de PBS dijo en un comunicado que la cadena “llegó a la conclusión de que era necesario tomar medidas legales para salvaguardar la independencia editorial de la televisión pública y proteger la autonomía de las estaciones miembros de PBS”.
En su demanda, PBS argumenta que el Congreso, y no el Sr. Trump, tiene la facultad de financiar la Corporación para la Radiodifusión Pública. La demanda también afirma que la Primera Enmienda prohíbe al presidente decidir qué organizaciones deben recibir financiación en función de las opiniones que expresan
La orden ejecutiva de Trump es uno de los varios esfuerzos de los republicanos para debilitar a los medios públicos. La Casa Blanca ha indicado que solicitará al Congreso la cancelación de los fondos para la Corporación para la Radiodifusión Pública y ha intentado despedir a miembros de su junta directiva. También se están llevando a cabo esfuerzos en el Congreso para aprobar proyectos de ley que recortarían los fondos para NPR y PBS.
