El que no afana es un gil, dice el tango Cambalache en uno sus versos.
En Chile, desde su origen, nos tienen por ladrones. ¿Por qué será? Los Pincheira, banda de forajidos del siglo XIX, son tan famosos como los padres de la Patria.
El Cizarro, el Cabro Carrera, son los contemporáneos más ilustres del pillaje más ordinario.
Hoy los casos de portonazos, alunizaje, abordazo son cuestiones de rango menor, no menos grave, por cierto, pero se quedan atrás de las grandes estafas de cuello y corbata, desde senadores a diputados, desde conspicuos empresarios hasta la nueva clase arribista, que se forjó con el modelo económico impuesto tras el golpe de Estado del 1973.
«El que no afana es un gil» escribió Santos Discépolo.
Repasemos. Jaime Orpis, UDI, y la diputada de derecha Marta Isasi fueron condenados por cohecho y fraude al recibir pagos de Corpesca.
En esa época también fueron condenados, aunque a clases de ética, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, millonarios empresarios por financiamiento ilegal de la política con facturas falsas.
Ahora, diez años después, una revisión de cuatros meses en las municipalidades de Santiago y Ñuñoa arrojó que se pagaron más de 100 millones de pesos en horas extras a altos cargos recién contratados. Esto no está en la justicia, por cierto, es legal, pero nada de ético.
Hoy el diputado Mauricio Ojeda, colega periodista, quien era parte de la bancada de republicanos, está en prisión preventiva por cobrarse decenas de millones con dineros de proyectos del CORE de la Araucanía.
Sigamos. El periodista Mauricio Weibel estimó en más de 50 mil millones de pesos los casos del «Paco Gate» y el «Milico Gate», donde unos se pagaban con policías que sólo existían en el papel, y los otros cometían fraude con gastos reservados en el Ejército, donde varios excomandantes en jefe están esperando condena. Otro tanto en la PDI, donde el director mandaba todos los meses al estafeta a cobrar por caja, millonarios cheques de gastos reservados para depositarlos en cuentas corrientes de su cónyuge.
Entre los pillos, esta semana apareció formalizado un «emprendedor» y sus familiares que, con empresas de papel, sacaban del Estado dineros vía reembolsos del IVA exportador. La fiscalía tiene acreditados más de 9 mil millones de pesos.
Ah, repasemos al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN) y a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (cupo UDI), quienes defraudaron arcas municipales con casi 40 mil millones. O al exalcade de Algarrobo, José Luis Yáñez (UDI), quien se echó al bolsillo casi mil millones.
Sigamos. La Contraloría General de la República informó que 250 médicos contratados por servicios públicos utilizaban licencias médicas por enfermedad, mientras iban a atender pacientes en clínicas privadas. Ah, y también la Contraloría informó que más de 25 mil chilenas y chilenos salieron del país mientras gozaban de licencia médica en el servicio público.
Dale no más, dale que va. A quién le importa si naciste honrao…(Santos Discépolo)
