Los incompetentes de esta semana son Patricio Cooper y Carlos Palma, los dos fiscales que han llevado la investigación del caso ProCultura y que han sido removidos de la investigación. El primero, Palma que más tarde sería apartado de su cargo como fiscal regional de Aysén en el caso Hermosilla. Antes, el 2023 investigó a Irina Karamanos, quien fue pareja del Presidente de la República. Palma afirmó que la antropóloga había reembolsado dineros a la Fundación ProCultura el año 2021, cuando era pareja del entonces candidato presidencial, Gabriel Boric.
Resultó que no era cierto, que se trataba de un tema de capacidad de la cuenta RUT del BancoEstado donde Karamanos recibía sus honorarios, la que tenía un tope máximo y que, al estar copado, el saldo se reembolsaba desde el mismo banco al depositante. Palma la imputó, pero ello no le costó la causa al fiscal, sino sus movimientos con el encarcelado Luis Hermosilla.
El segundo caso es más grave y terminó hace unas horas con el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, despojado de la causa ProCultura, la que recibió de manos de Palma. Junto al fiscal nacional, Ángel Valencia, son un trío de reconocidos hombres de la derecha o de la ultraderecha en el Ministerio Público.
Sobre Cooper, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en su fallo del recurso de amparo interpuesto por la psiquiatra del Presidente, Josefina Huneeus, señaló que el fiscal de Coquimbo realizó acciones «propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”.
El reproche por las escuchas telefónicas a Huneeus en conversaciones con Boric no se quedó ahí, sino que las calificó de «arbitrarias, ilegales e infundadas».
Junto con ello, la Corte declaró «la ilegalidad de las referidas decisiones jurisdiccionales, como también de todas las diligencias y resoluciones que de ellas se derivaron, con sus respectivos resultados, disponiéndose la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a los actos cuya ilegalidad acaba de declararse».
Entre otras acciones que le reprochó el Tribunal de Alzada antofagastino, está el haber entregado al Juzgado de Garantía un número de teléfono que pertenece hace 20 años a Josefina Huneeus, en circunstancias que ella no estaba en la lista de 42 personas presentadas en su oportunidad. Además, de haber insistido en la pesquisa tras percatarse del error, bajo elucubraciones que el ex marido de Huneeus habría dicho que no pagaría una factura a una imprenta, porque ese dinero iría a la campaña del entonces candidato Boric.
Patricio Cooper habría cometido varios delitos en su accionar contra la psiquiatra Huneeus. Entre otros, interceptación telefónica sin fundamento legal; haber persistido en la interceptación incluso después de advertido el error; las sospechas infundadas sobre el Presidente; la aplicación de medidas intrusivas de imputada, siendo Huneeus testigo; la vulneración de su libertad personal y vida privada; y el doble intento de Cooper de interceptar el teléfono del Presidente Boric a partir de esta escucha ilegal.
Cooper fue removido de la causa y pasará al fiscal regional de Antofagasta, pero entremedio deberá enfrentar una acusación de remoción que se encuentra en la Corte Suprema, presentada por parlamentarios oficialistas, tras el allanamiento en la casa de la entonces presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, y en momentos en que tenía su primer hijo en la clínica. También con datos falsos.
