Luego de 7 años de tramitación la reforma al sistema registral de Chile está en su etapa final de aprobación ante la preocupante conclusión de ser una ley sumamente improvisada y enormes inconsistencias técnicas que, inevitablemente, llenará de incertidumbres un servicio estatal esencial para el resguardo legal del régimen patrimonial del país.
Gran parte de sus incoherencias no provienen solo de un mediocre tratamiento legislativo de parte de diputados y senadores, con pocas y notorias excepciones. Provienen principalmente de los giros de contenido impulsados por tres diferentes gobiernos, ninguno de los cuales fue capaz de definir claramente el sentido estratégico de la reforma, la que merced a los requerimientos de turno se movió entre consideraciones de mercado, fe pública y gestión notarial, y asuntos relativos a la designación de cargos. Dejando en el aire aspectos tan importantes como el carácter orgánico de los oficios conservadores, además de las competencias de control y su estatuto de infraestructura crítica.
El debate todavía debe pasar a la aprobación de Sala el texto final que produzca la Comisión Mixta, para que, una vez publicada la ley, se redacte el Reglamento respectivo. Ese último tramo no tiene plazo, pues existe un número indeterminado de temas que quedaron fuera de ella, sobre todo en registros críticos como aguas, concesiones mineras y otras, además de la eventualidad de migración de títulos de propiedad desde un registro conservador a otro, debido a la eventualidad de división o agregación de ellos. Esto deberá ser armonizado para su operación pues de lo contrario muchos de esos aspectos terminarán judicializados, ya sea ante el Tribunal Constitucional o un juez civil, con los consiguientes costos económicos y políticos. El plazo indeterminado también es muy crítico por el muy dispar desarrollo tecnológico de los conservadores, y por no existir ningún proyecto real que homologue el servicio en todo el país en materia digital, aparte de los costos que conlleva hacerlo.
En los oficios conservatorios, particularmente en los grandes como Santiago, Valparaíso, Antofagasta o Temuco resulta vital la experiencia laboral de los funcionarios que, en casos como Santiago, son altamente profesionalizados (muchos abogados, arquitectos, administradores, topógrafos) capaces de advertir el contenido técnico complejo requerido para las inscripciones. Esa capacidad laboral es un verdadero repositorio técnico y procedimental capaz de asegurar la continuidad de servicio de todo un sistema que no tiene homologadas sus plataformas digitales ni asegurada su integridad, excepto por la fidelidad de los funcionarios. Ello es algo derechamente omitido en todo el debate.
Los representantes laborales nunca fueron tomados en cuenta ni en los debates parlamentarios y ni en las proposiciones gubernamentales, las que siempre en uno y otro caso giraron en torno a la potestad de la política para designar los cargos de conservador, archivero o notario. Sin asumir que estos, una vez designados adquirían el carácter de propietarios de una patente y, la mayor de las veces, el talante de empresario privado, aunque era un favor político. En cambio, la fuerza laboral -a excepción de los niveles de gerencia donde están los parientes y los ingresos altos-, se rige por el Código del Trabajo. Esa fricción la ejemplifica el conservador de Hipotecas de Santiago quien a pocos meses de haber asumido el cargo y hace menos de un año demandó la nulidad del Convenio Colectivo que viene renovándose desde hace 20 años “por obstruir su gestión de empresario”. Perdió el juicio laboral.
La marca parlamentaria errática y negativa se ha denotado en el trabajo de la comisión mixta y un conflicto de interés que motivó a uno de los sindicatos del CBRS a presentar una queja ciudadana ante la Comisión de Ética del Senado, la que se mantiene sin respuesta. Ella afecta a la presidenta de la comisión, la senadora Paulina Núñez (RN) quien se omitió de declarar al asumir la testera por un acuerdo político que su esposo -Cristian Monckeberg- ha sido consultor reciente del Conservador de Hipotecas y que, como directivo de la Universidad del Alba propicia actividades académicas y de asesoría laboral a ese Oficio. Algo que, señalan los funcionarios, “representa un serio conflicto de interés que compromete la objetividad, legitimidad y transparencia del proceso legislativo”.
La percepción general es que situaciones de esta naturaleza, en medio de la enorme anomia institucional del país, y una politización anodina y superficial en los debates parlamentarios, no solo va en contra de los intereses de los ciudadanos sino abre un forado de inseguridad estructural en algo tan fundamental como el derecho de propiedad y la integridad patrimonial en el país. Aún hay tiempo de rectificar.
