Por Mesa del Desenfoque.cl
En junio del año pasado, el Poder Judicial era cuestionado por el espionaje en el que participó el exministro Juan Antonio Poblete, de la Corte de Apelaciones de Santiago. En un pleno de la Corte Suprema que revisaba el tema, uno de sus integrantes propuso reactivar la comisión de ética. En ese contexto, se filtró la frase de la ministra María Teresa Letelier quien interpeló a los presentes diciendo que ninguno había sido nombrado “por obra y gracia del Espíritu Santo”.
En otras palabras, lo que dijo es que la mayoría de los jueces y juezas en ese nivel tienen vínculos con la política que posibilita sus nombramientos. El problema es si ello les impone deudas de gratitud que pueden transformase en conductas indebidas en el ejercicio de sus funciones. Aunque la transparencia no es un tesoro apreciado en el Poder Judicial, siempre es posible ubicar trazas de esos vínculos que llevan a posibles influencias externas. Si es efectiva la mancomunidad de políticos y jueces, no cabe duda que es una porosidad que induce a la mediocridad y la corrupción en los cargos. Hecho que hoy es parte de la crisis institucional del Poder Judicial. Es de interés público conocer algo sobre quiénes son los miembros de la Corte Suprema, órgano rector del Poder Judicial. Los datos son de archivos públicos y opiniones de abogados de la plaza.
Ricardo Blanco presidente de la Corte Suprema, quien en pocos días encabezará la ceremonia de Inicio del Año Judicial, fue formalizado el 2008 en contexto de violencia intrafamiliar, mientras era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Un fiscal determinó que el testimonio de la esposa de Blanco en contra de su marido tenía antecedentes plausibles de violencia. El juez Fernando Valderrama consideró que había antecedentes de violencia doméstica, golpes y amenazas en más de una ocasión y en enero de 2008 decidió formalizar a Blanco y ordenarle el abandono del hogar común. El día de la formalización, la mujer se desistió de la denuncia diciendo que todo había sido un malentendido. Blanco fue nombrado ministro de la Corte Suprema en 2013 y como el integrante más antiguo en enero de 2024 pasó a ser su presidente.
Uno de los vínculos que le habrían permitido continuar su carrera sería el actual consejero del CDE, Alberto Espina. El exsenador y exministro habría intervenido a su favor ante el entonces presidente Sebastián Piñera, cuando la ministra de Justicia Patricia Pérez se opuso al nombramiento de Blanco como ministro de la Suprema debido a sus antecedentes. Espina fue compañero de curso de Ricardo Blanco en la Universidad de Chile y estuvo en primera fila cuando lo nombraron presidente de la Corte Suprema.
Arturo Prado Puga. Proviene del mundo empresarial bancario y es muy cercano a la derecha política. Antes de llegar a la Suprema, fue fiscal del banco BCI, de la familia Yarur. Fue propuesto por Bachelet en los cupos externos de la CS y asumió como ministro en agosto de 2017, luego de ser ratificado por el Senado por 25 votos a favor, uno en contra y una abstención. Llegó a la Tercera Sala, pero sus fallos tenían un marcado clivaje pro empresariado y debió trasladarse a la Primera Sala antes de experimentar “una acusación constitucional”. Votó contra la prohibición de reemplazar trabajadores en huelga con personal interno de las empresas el año 2014, cuando solo era abogado integrante de la Primera Sala civil de la CS. Luego se ha alineado a un mayor equilibrio y dos veces ha votado en contra de los bancos en fallos favorables a los clientes por sobre las entidades financieras en 2018 y 2019.
Jessica González. Nominada por Gabriel Boric asumió en octubre de 2024. Su principal padrino político es el senador socialista Alfonso de Urresti, ex compañero de aula en la Universidad de Concepción. Tuvo 4 postulaciones antes de que De Urresti se moviera y como miembro de la Comisión de Constitución le hablara al entonces ministro de Justicia Luis Cordero para que el gobierno la propusiera y luego en el Senado para conseguirle los votos. La ayudaron en la Corte a reunir apoyos como parte de la quina Haroldo Brito y Lya Cabello. Esta última, como Fiscal de la Corte Suprema fue quien escribió el informe en derecho que ayudó a impedir la extradición del empresario Carlos Cardoen a EEUU por el contrabando de circonio.
Soledad Melo. Nominada por Gabriel Boric asumió el 3 de noviembre de 2022. Casada con Nelson Pozo exministro del Tribunal Constitucional y cercano al Partido Socialista, lo que fue vital para que ese partido apoyara en bloque su nombramiento. Tiene un vínculo directo con Luis Hermosilla. Junto a su marido han aparecido en actos sociales juntos. En 2022, meses antes de que su nombre fuera votado por el Senado, Hermosilla, según revelaron chats filtrados, le mandó el currículum de Melo a su secretaria, Katherine Muñoz. La ministra dice que no recuerda haber enviado su CV al abogado y los senadores niegan que Hermosilla haya hecho alguna gestión en su favor.
Manuel Valderrama. Su hijo Manuel Valderrama Escobar, enfrenta una querella en el 7 Juzgado de Garantía por cohecho, prevaricación y apropiación indebida. Según la denuncia, habría recibido un pago para rematar un terreno en favor de una minera en $2 mil millones, cuando el predio está avaluado en $6500 millones. Lo han defendido en el transcurso de siete años los abogados Ángel Valencia, actual Fiscal Nacional, Juan Carlos Manríquez, Luis Masferrer y actualmente Samuel Donoso. En este caso también está querellado el abogado exdiputado radical Eduardo Lagos, defendido por Mario Vargas, ambos cercanos a la exministra Ángela Vivanco. Manuel Valderrama Rebolledo fue ratificado en el Senado en agosto de 2015 tras ser nominado por Michelle Bachelet.
Gloria Ana Chevesich, quien por antigüedad debería ser la próxima presidenta de la CS tuvo alguna vez un vínculo natural de las “convivencias casuales” entre poder judicial y política. El 15 de mayo de 2007 cuando juraba como ministra de la Corte Suprema la jueza Gabriela Pérez, Chevesich integraba la Corte de Apelaciones de Santiago. Ese mismo día estuvo en un almuerzo cerrado en honor de Pérez en Isla de Maipo, con senadores y ministros de Corte amigos conversando, obvio, de ternas y carreras funcionarias y “abriendo caminos”, al mejor estilo de santería cubana. El milagro para ella ocurrió en mayo de 2013, cuando Sebastián Piñera la propuso como ministra del máximo tribunal. Algo similar le ha ocurrido en su carrera a Andrea Muñoz, nominada por Sebastián Piñera en marzo de 2013, e identificada como la carta DC en la CS, por sus estrechos vínculos con Soledad Alvear y Gutemberg Martínez.
Mauricio Silva Cancino, ministro en extremo reservado y de gran celo profesional; María Angélica Repetto nominada en 2019 para llenar el cupo de Milton Juica, profesional y de bajo perfil; Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales y María Cristina Gajardo, todos ellos, en el recato de su gestión de jueces, parecen ser parte de la contracara profesional de una Corte Suprema en crisis, cuya debilidad no corresponde a los requerimientos de una democracia.
