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    Cae la niebla sobre el proceso de compra de la Clínica Las Condes

    Por Felipe Saleh

    Antes de lo pensado se trancó la pelota. La operación de traspaso de Clínica las Condes a Indisa y EuroAmerica a la que este medio se refirió en una nota anterior como “Clínica las Condes: una gran operación con un socio incómodo” ya partió con una querella. Esta fue presentada contra EuroAmerica, Indisa y los representantes de Auguri, ex controladores de la clínica, por José Antonio Valero y los socios de Waypa Spa quienes tenían una “carta de entendimiento” para comprar el centro de salud en US$60 millones, pero que finalmente se vendió en US$40 millones. Según la querella, la operación se hizo a espaldas del mercado y con el claro objetivo de saltarse los pasos legales necesarios en una toma de control. Entre ellos evitar el trámite de autorización en la Fiscalía Nacional Económica por la eventual concentración que implica para Indisa, participar de la propiedad en otra clínica.

    En la penúltima semana, el penalista Carlos Cortés, en representación del médico español José Antonio Valero, especialista en la adquisición de centros de salud, presentó una querella contra el ex presidente de la clínica, Alejandro Gil y los compradores, Indisa y EuroAmerica, marcando otro episodio conflictivo en la historia reciente de esta compañía de activos financieros. A saber, Enjoy donde son parte de la sociedad investigada por colusión de los Casinos, y el caso Curauma que tiene más de 10 años, donde existen sospechas fundadas de la adjudicación poco clara de más de 500 hectáreas de ese estratégico enclave de proyección inmobiliaria y smart city de la Región de Valparaíso.

    En el presente caso, José Antonio Valero y los socios de Waypa Spa, vinculada al radiólogo Francisco Avendaño, y al empresario, dueño de la importadora de plátanos Bagno, Gabriel Massuh, acusan a los compradores de la clínica de otorgar un contrato simulado, precisamente para evitar los requerimientos legales de una toma de control en buena forma. Los querellantes, tenían un acuerdo con Gil y los controladores del grupo Auguri, formado por Cecilia Karlezi (pareja de Alejandro Gil) por US$ 60 millones para la compra de la clínica. Intención que incluso habían comunicado a la Bolsa de Comercio. El grupo buscaba comprar el 55,7% de la Clínica Las Condes.

    Pero poco después se informó que los vendedores, Auguri, habían aceptado una oferta rechazada en principio. Por US$40 millones, decidieron vender parte de la propiedad de la clínica a Indisa y Euroamérica. Al comunicar el detalle de la operación, los compradores -especialmente Indisa- enfatizaron que la compra había sido completamente por separado. Aunque, EuroAmerica e Indisa adquirieron partes iguales 27,87% cada uno.

    Este dato es sustancial para la querella. “Se simuló la existencia de dos actos separados y sin concierto entre todos ellos, a fin de evitar la publicidad en la toma de control, por una parte, y la concentración económica que se verifica al estar bajo una mano dos clínicas», dice la acción legal, donde además el abogado Carlos Cortés asegura que “mi representado  cumplió con todas las obligaciones a efectos de que se realizara el traspaso de acciones de CLC, pero para su sorpresa, el 10 de enero de 2025 se publicó en distintos medios que Indisa y EuroAmerica habrían comprado las acciones que el Grupo Auguri mantenía en CLC», afirma la querella. En efecto, los ahora querellantes habían suscrito una “Carta de entendimiento” el 23 de diciembre, con Alejandro Gil, como representante de Auguri.

    Fuentes conocedoras del proceso han dicho a la prensa que este método de compra “por separado” y el menor valor aceptado, tuvieron como objetivo completar el proceso de venta lo antes posible, sin los requisitos legales que implica una toma de control “tradicional” y sin los problemas de libre competencia que implica para Indisa, quien ya tiene una clínica, hacerse con la propiedad de otro centro de salud lo que requería pasar por la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

    Pero era obvio que la operación sería menos fluida que en el papel. Los querellantes aseguran que sí hubo coordinación en la compra “por separado” de las acciones. “La venta y traspaso de acciones se realizó el mismo día y en la misma notaría; se traspasó a ambos compradores la misma cantidad y a igual valor”, dice la querella, donde además está consignado que a ambas firmas compradoras, las asesoró el mismo estudio jurídico. Tanto Indisa como EuroAmerica, según la querella suscribieron una serie de pagarés por un total de US$17,5 millones cada una, el mismo día (10 de enero) y en la misma notaría.

    Diferentes reacciones en el mercado han puesto el acento en la pasividad de los reguladores, principalmente la CMF, pues la operación, fuera del necesario pronunciamiento de la FNE, tiene un socio incómodo en el caso de EuroAmerica Seguros de Vida y su reiteración de operaciones poco transparentes y riesgosas en relación a los fondos de pensiones que opera.

    Con los datos expuestos, los querellantes afirman que Indisa y EuroAmerica “actuaron claramente de manera concertada en la compra de acciones, constituyéndose, por tanto, en controladores de CLC». La estrategia también implicó saltarse el proceso legal en cuanto a que «los querellados no realizaron las publicaciones (… ). Ello, en claro desmedro del Orden Público Económico, toda vez que no permite a otros actores conocer sobre la compraventa de acciones, e intentar participar en la misma». Es decir, nadie más juega. Igual que en un partido de barrio.

    Por estos motivos, los querellantes, a través del Ministerio Público, pidieron a la Comisión de Mercado Financiero (CMF) que envíe la información detallada sobre las transacciones de los títulos el 10 de enero. Paralelamente, piden que la FNE y el intermediario, el banco de inversión brasileño BTG Pactual, que den a conocer las comunicaciones con los compradores, Indisa y EuroAmerica.

    Hasta el momento, y pasado más de una semana no hay acciones por parte de los organismos regulatorios. A su vez los querellados, Alejandro Gil por Auguri; Martín Manterola, gerente general de Indisa; José Miguel Infante, abogado de EuroAmerica y el CFO de esa compañía Fernando Esrich, esperarían la notificación para presentar sus descargos. En un litigio que recién comienza.

     

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