Por Sergio Velasco de la Cerda
Durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet se dictó el maldito decreto 3.551 de 1981, que estableció el arbitrario traspaso de la educación a las municipalidades del país. Dicho cuerpo “ilegal” establecía una asignación especial a los y las profesores, la cual nunca fue cancelada por los alcaldes designados.
A consecuencia de esto, sin tener defensa alguna, muchos de los profesores perdieron su fuente laboral, exiliados o misteriosamente desaparecidos, en algún centro de tortura, durante los 17 años de total impunidad. Recordemos que uno de los primeros fatídicos “bandos” de la Junta Militar fue cancelar todas las asociaciones sindicales. En primer lugar, por supuesto, a los que agrupaba a los maltratados maestros.
Fue de inmediato la brutal persecución, no se hizo esperar en contra de los y las docentes, particularmente a los que se oponían tenazmente el traspaso del Ministerio de Educación, al sistema municipalizado, medida que hasta el día de hoy es cuestionada por los pobres resultados en la enseñanza -aprendizaje.
La privatización fue la piedra angular del sistema dictatorial, convirtiendo la educación en un lucrativo negocio especulativo, donde los más ricos pueden acceder a una elitista instrucción en todos los niveles, optando especialmente en las tradicionales y honrosas universidades chilenas, por su alto puntaje en las pruebas de selección.
El rol de los y las profesoras en la recuperación de la libertad cívica fue vital, distinguidos dirigentes a todo nivel lograron conformar el Colegio de Profesores, en democracia, paralelo los profesores afectados continuaron con su legitima lucha reivindicativa, exigiendo que el estado se hiciera cargo de la llamada “Deuda Histórica”. Lamentablemente, los gobiernos sucesivos no lograron nunca llegar a acuerdos de cancelación por los altos montos involucrados.
Solo después de múltiples marchas e insistentes peticiones, testimonios dramáticos de carácter público frente a La Moneda, la presidenta Michelle Bachelet, el año 2008, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que recayó en la Cámara de Diputados, el que da inicio a la Comisión de Deudas Históricas, reconociendo oficialmente la existencia de dicho compromiso. El parlamento en el 2009 aprobó por unanimidad la propuesta, sin que contemplara financiamiento para cancelarla, lo que significó continuar la vergonzosa lucha histórica.
Han transcurrido cuatro décadas, 40 años de disputa, donde todos los jueves miembros activos de las y los profesores, invierno y verano, con sol o lluvia, se paraban con sus letreros frente a La Moneda, Intendencias Regionales, Gobernaciones Provinciales, exigiendo justicia. La concurrencia fue masiva al principio, pero al trascurrir del tiempo se fue reduciendo. Los años mermó la asistencia. Al pasar lista, los ausentes ya se habían ido, más de 30 mil partieron, sin vuelta.
El Presidente Gabriel Boric, cumpliendo su compromiso de campaña, acompañado por cientos de profesores y profesoras frente al palacio de La Moneda, donde antes se juntaban los y las demandantes, respondió enviando un proyecto de Ley a la Cámara de Diputados, para cancelar a 57 mil maestros la deuda pactada después de una consulta nacional aprobada por la mayoría.
Una vez más el sector de la educación da una muestra de solidaridad con Chile, el profesorado consiente que jamás se le pagaría lo acumulado por los años, redujeron sus cálculos al mínimo. Esperan en la Comisión de Educación perfeccionen el proyecto, aumentando el monto misérrimo y acortando los plazos etenos.
Ya, para algunos jubilados docentes, el fin de sus días está próximo. Quieren ver la fecha del pago de su deuda histórica, no por el dinero a recibir, sino por la dignidad que encierra su profesión.
