La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley este miércoles el proyecto que aumenta penas y da más atribuciones a Carabineros ante los llamados “narco funerales”, iniciativa que es parte del “fast track” de seguridad.
La nueva norma permitirá terminar con la realización de velatorios en los barrios, obligando a que el traslado del fallecido sea directo entre el Servicio Médico Legal -o el lugar del deceso- y el cementerio. Esto último deberá concretarse en un máximo de 24 horas, reduciendo a la mitad este plazo.
También habrá aumentos de penas -se aplicará la sanción más alta disponible- ante desórdenes públicos, irrupción violenta, obstrucción de la circulación en la vía pública, saqueos, delitos regulados en la Ley de Control de Armas relacionados con fuegos artificiales o artefactos pirotécnicos, y el porte de armas blancas, cometidos en este contexto.
Además, se entregan facultades a Carabineros, que deberá autorizar y definir el trayecto del traslado. Además, podrá controlar la identidad de los asistentes y prohibir la entrada a personas bajo la influencia de alcohol y/o drogas.
Tras la aprobación en el Congreso, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, señaló que “cuando hay personas que tienen una vinculación de riesgo con el narcotráfico, tanto el fallecido, sus familiares y cercanos, tendrán una restricción en sus derechos”.
En esa línea, la ministra dijo que lo que hará la nueva ley “es sancionar y restringir derechos” de quienes tienen vinculación a participación en el narcotráfico. “Con ello esperamos no solo proteger más a la población, no solo sancionar más duramente a las personas que aprovechan esas situaciones para ejercer su amedrentamiento y exhibición, exhibir sus armas, sino que también con eso damos un uso más racional a los recursos policiales”.