Los diputados y diputadas, Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Gael Yeomans (FA), Alejandra Placencia (PC), Javiera Morales (FA), Carmen Hertz (PC) y Boris Barrera (PC), recurrieron a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, esto luego de que el Senado aprobara la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.
En el escrito se menciona que, en este caso, se produjo una “grave vulneración a los derechos humanos” debido a que “La destitución del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz por parte del Senado consolidó un procedimiento que tiene un grave vicio de origen, vulnerando principios jurídicos básicos como la responsabilidad personal, como también la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa”.
Al respecto, el diputado Luis Cuello, explicó: “El objetivo de esta denuncia es que la relatoría y la comunidad internacional registre esta grave persecución en contra de un juez, requiera información al Estado de Chile y emita un informe”. “La destitución de Muñoz por parte del Senado es un acto de barbarie jurídica y constituye una amenaza abierta a los jueces que aplicando el derecho afecten los intereses de grandes grupos económicos”, puntualizó Cuello.
Por su parte, el diputado socialista, Juan Santana, comentó: “La vulneración ha sido grosera. El Senado destituyendo a un juez porque no le gustaban sus fallos y la Cámara votando conjuntamente acusaciones distintas, olvidando que las responsabilidades son individuales”. “El deseo de destituir a un juez incómodo fue demasiada tentación para la derecha y el eco de las redes sociales permeo muy fuerte en el oficialismo. Espero que la ONU sea contundente en su rechazo a lo que acaba de pasar. La política no puede supeditar a los jueces, si lo hace, la democracia peligra”, añadió.
A su vez, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, expresó al respecto: “La destitución del juez Muñoz sienta un precedente gravísimo para nuestro país. Acá no solo se acusó a un juez sin respetar las garantías constitucionales que tiene cada persona o el debido proceso, sino que abiertamente hay un Poder del Estado interfiriendo en otro”. “Ayer vimos senadores que para justificar su voto hacían referencia a la actitud o las sentencias de Muñoz, y nunca a los supuestos motivos acusatorios. Acudiremos a todas las instancias necesarias para revertir este hecho”, subrayó Yeomans.