Los casos de la quiebra de Curauma S.A. (Caso Curauma) y la insolvencia transfronteriza de LATAM Airlines han captado la atención tanto de expertos legales como del público general por su complejidad, y las implicancias que tienen en el ámbito judicial chileno. Ambos casos, que podrían considerarse entre los más intrincados y significativos de los últimos años, comparten una serie de características que invitan a reflexionar sobre el funcionamiento del sistema judicial en Chile, especialmente en lo que respecta a la asignación de causas a través de un algoritmo supuestamente imparcial.
Lo que resulta particularmente curioso y, a la vez, preocupante es que estos dos casos—que corresponden a temas de insolvencia financiera, pero aparentemente distintos en su naturaleza procesal—comparten el mismo tribunal (2do Juzgado Civil de Santiago), la misma jueza (Inelie Durán Medina), el mismo tipo de causa y, lo más notable, el mismo estudio de abogados, Claro y Cía., y los mismos abogados de ese estudio (Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta). El bufete de abogados Claro y Cía., actuó como representante de EuroAmerica S.A. en el caso de la quiebra de Curauma, y como defensor de LATAM Airlines en su proceso de insolvencia. La coincidencia de todos estos factores en dos casos de gran relevancia e interés público plantea serias dudas sobre la imparcialidad del sistema de asignación de causas, y evidencia la plausibilidad de su manipulación.
Según las directrices establecidas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), el algoritmo encargado de asignar las causas debería operar bajo principios de aleatoriedad controlada, considerando una serie de criterios que buscan garantizar una distribución equitativa y evitar cualquier tipo de manipulación o favoritismo. Sin embargo, la realidad observada en estos casos parece contradecir estas expectativas.
En situación normal, y siguiendo los parámetros establecidos por la CAPJ para el ingreso y distribución de causas a los tribunales competentes, la correcta aplicación del algoritmo habría resultado en la asignación de estos dos casos a tribunales diferentes. Los criterios que supuestamente guían la asignación incluyen la especialización del tribunal, la carga de trabajo y la naturaleza específica de la causa. Sin embargo, el hecho de que ambos casos hayan recaído en el mismo tribunal y bajo la misma jueza sugiere que el algoritmo, si es que fue utilizado correctamente, podría estar operando bajo influencias externas o con fallas en su diseño o implementación. La aclaración de ello ha sido imposible por la ambigüedad y renuencia de la CAPJ de aclarar todo lo concerniente al algoritmo. Cabe preguntarse, entonces, si efectivamente existe el famoso algoritmo, o si simplemente se trata de un mito urbano para el pueblo.
Esta situación no solo genera inquietud en términos de imparcialidad judicial, sino que también pone en tela de juicio la efectividad del sistema automatizado de asignación de causas. La repetición de actores clave—como el estudio de abogados Claro y Cía.—en ambos casos fortalece la percepción de que hay factores extrajudiciales en juego que pueden estar afectando la integridad del proceso.
Para entender la gravedad de estas coincidencias, es útil considerar precedentes y prácticas similares en otros contextos judiciales. En otros países, la intervención o manipulación de sistemas de asignación de causas ha sido motivo de escándalo, especialmente cuando se descubre que ciertos abogados o partes recurrentemente logran que sus casos sean asignados a jueces específicos. En tales casos, la confianza pública en el sistema judicial se ve profundamente erosionada, y las reformas suelen ser necesarias y drásticas para restaurar la credibilidad.
En Chile, los antecedentes observados en los casos Curauma y LATAM podrían ser indicativos de un problema sistémico. Si la asignación de causas está siendo influenciada por factores no transparentes, la percepción de justicia equitativa y objetiva se ve comprometida, lo que podría tener consecuencias graves para la confianza pública en el sistema judicial.