Los Pescadores Industriales del Biobío aseguraron que sus empresas socias informaron un impacto económico de US$ 2 millones a raíz del conflicto, ya sea por pérdidas en producción, incumplimiento de contratos de exportación o costos adicionales que han debido asumir, producto del paro en el puerto de Coronel.
El gremio que agrupa a las compañías Landes, Blumar, Camanchaca, FoodCorp y PacificBlu, indicó que desde el inicio del paro portuario permanecen 85 contenedores inmovilizados de productos congelados como jurel, salmón y choritos, además de harina de pescado, equivalente a 2.000 toneladas de carga que no ha podido ser exportadas.
Agregaron que desconocen el estado de almacenamiento de la carga, por lo que existe un riesgo de tener una pérdida total de esa producción, a lo que se suma el caso de un barco destinado en un 100% a la carga de jurel congelado, que esperaba cargar 6.200 toneladas y que no ha podido concretar la operación de embarque.
Frente a ello, los Pescadores Industriales del Biobío manifestaron su inquietud frente a la extensión del paro portuario, ya que han debido asumir costos adicionales para realizar exportaciones desde la zona central del país, así como también, la diferencia tarifaria por salir por otros puertos con navieras con las que no tienen contratos.
Asimismo, alertaron sobre la preocupación que genera en todo el ecosistema productivo y empresarial de Chile la forma en como el Gobierno ha observado el conflicto declarando que una toma violenta e ilegal corresponde a un “conflicto entre privados” y forzando a la empresa tomada a conversar con quienes apedrean sus buses e impiden acceder a trabajadores contratados que desean laborar. “La acción violenta y unilateral de un grupo de trabajadores es lo que hoy está bloqueando la reanudación de las actividades portuarias”, señalaron.
Agregaron que “la situación se transformó en una cuestión de Estado ya que es la imagen de Chile la que termina arrastrando riesgos al no permitir la exportación ni la importación de productos, contraviniendo contratos y vulnerando derechos constitucionales. Es tarea del Estado garantizar el libre tránsito y el resguardo de infraestructura crítica sensible para la región”.
“Hacemos un llamado al Ejecutivo a ser parte activa de las soluciones, hacer respetar el Estado de Derecho sin condiciones y así garantizar a todos los sectores productivos que siguen acumulando pérdidas, un pronto retorno a la normalidad. La región del Biobío no puede seguir en un clima de incertidumbre pues hay inversiones, negocios y familias que esperan una pronta respuesta”, declararon.