El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a los efectivos de carabineros, teniente coronel, Jorge Carrasco Pujol; al comandante capitán Alex Agüero Urrutia, a la Subteniente Rocío Brito Tobar y al sargento 1º Enrique Gómez Cordero, imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de tortura, ilícito perpetrado en julio del año pasado en la Tercera Comisaría de la comuna.
En la audiencia de formalización, el magistrado Guillermo Cofré Rivera ordenó el ingreso de los imputados a dependencias de Carabineros por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para asegurar el éxito de la investigación. Además, fijó en 75 días el plazo de investigación.
El magistrado decretó además la medida cautelar de arresto domiciliario parcial al cabo 1º Iván Araya Espinoza, quien junto al teniente coronel, Jorge Carrasco Pujol fue imputado por el delito de obstrucción a la investigación.
Asimismo a Carrasco Pujol y a la teniente Rocío Brito Tobar se les imputó el delito de falsificación de instrumento público, delito perpetrado en agosto pasado.
Según el ente persecutor, el 19 de julio de 2023, la víctima fue detenida por el supuesto delito de violación de morada, quien al negarse a firmar el acta de salud y acudir al consultorio para constatar lesiones, el comandante de carabineros Carrasco Pujol le ordenó al cabo primero Araya Espinoza apagar las cámaras de vigilancia del sector del calabozo y el ingreso de los motoristas, el capitán Agüero Urrutia y el sargento Gómez Cordero a la celda, quienes redujeron a la víctima, lo pusieron boca abajo, le doblaron los brazos para esposarlo y procedieron a golpearlo; en tanto, Agüero Urrutia le roció gas pimienta. La golpiza fue observada por la subteniente Brito Tobar, la que culpaba al detenido por no haber podido terminar su jornada.
Tras la violenta acción, los motoristas sacaron a la víctima del calabozo para trasladarlo a un consultorio. En el trayecto al carro policial, al no poner mantenerse de pie y caer de rodillas, los policías volvieron a golpear e insultarlo.
Tras la audiencia de control de detención, en la cual se declara su ilegalidad, la víctima concurrió al mismo centro médico donde se le diagnosticaron lesiones menos graves.
El 4 de agosto de 2023, la víctima volvió a la Tercera Comisaría de Alto Hospicio a estampar la denuncia por las agresiones del 19 de julio, sindicando al comandante de la unidad la responsabilidad de la golpiza. Al tomar conocimiento de la denuncia por parte del imputado, el teniente coronel, Jorge Carrasco Pujol, ordenó retener el parte policial original y antes de enviarlo a la fiscalía, le ordenó a la subteniente Brito Tobar que modificara su contenido, el que quedó redactado en términos generales y sin atribuir a nadie responsabilidad directa. Tras obligar a otra funcionaria a firmar el documento, fue remitido a la fiscalía de Alto Hospicio recién el 11 de agosto de 2023.
Asimismo, el 4 de agosto, cuando la víctima fue a hacer la denuncia, el cabo primero Araya Espinoza concurrió a la guardia de detenidos para solicitar accesos al dispositivo de grabación de las cámaras de vigilancia y, bajo la excusa de que el equipo estaba con problemas, sacó el DVR para llevarlo a la oficina de la SIP con la supuesta intención de repararlo.
Una vez que se inició la investigación penal, el teniente coronel Carrasco Pujol comenzó a coordinar las declaraciones de los demás implicados, a fin de desligar responsabilidades y cubrir su participación en los hechos. Además, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, presionó a dos funcionarios que estuvieron en la guardia el día de los hechos, para que no relataran lo realmente sucedido, sino lo que él decía que debían declarar.