El Gobierno debería saberlo, pero no está claro que lo sepa. En noviembre hubo una reunión de los ministros de Economía y Medio Ambiente en la casa de un reconocido lobista, el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, donde también estaba uno de los dueños de la pesquera peruana Exalmar, el chileno Rodrigo Sarquis Said, tal vez el hombre más influyente del rubro en Chile.
En Exalmar es dueño minoritario, pero es miembro del Directorio de la pesquera que opera en el sur del Perú, donde Chile perdió parte de su territorio marítimo en un fallo en La Haya. Ahí su otro socio chileno en la compañía peruana es Sebastián Piñera, a través de Inversiones Odisea, con el 9.18%, mientras que BTG Pactual, tiene un 4,98%. No fue el único empresario que estuvo en la reunión con los ministros Nicolás Grau y Maisa Rojas.
La información fue revelada por Ciper, que relata que la cita no quedó registrada en Infolobby. Sin embargo, hubo resultados, pues tres semanas después de la reunión, el gobierno presentó la nueva Ley de Pesca.
El caso es que Sarquis tiene un pie en Perú y otro en Chile, donde posee la empresa pesquera Blumar. Por tanto, cuando se habla con este empresario se habla también con el «enemigo».
De acuerdo a la versión periodística recogida, el ministro Grau descartó que el tema de la ley haya sido parte de la conversación. Blumar es la pesquera que también estuvo en la mira de la justicia por financiar ilegalmente campañas políticas y «Sarquis es primo de Pablo Zalaquett, quien figura registrado como lobista de Blumar en reuniones con distintas autoridades durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera», apuntó el medio.
En descargo de Grau y Rojas, el proyecto de ley anunciado el pasado jueves 21 de diciembre le quita beneficios a la industria pesquera y aumenta las cuotas para la pesca artesanal.
Además, el martes 19 la ministra Rojas dio a conocer un compromiso con las empresas AquaChile y Cooke para sacar la salmonicultura fuera de áreas protegidas, ocasión que también asistió el ministro Grau.
Lo que está en juego es la credibilidad del Gobierno al reunirse al margen de la transparencia, en propiedades de lobistas, por lo que la Ley se gesta tan cuestionada como la actual. También deberíamos saber si el Presidente estaba al tanto de la reunión (y si la autorizó) o se enteró por la prensa.
La primera autoridad del país está llamada a dar garantías a todos los actores de un proceso legislativo y en este caso más todavía, tras conocerse cómo se gestó la actual Ley de Pesca, y parece no estar haciéndolo.