Por Aland Tapia San Cristóbal, ingeniero civil industrial UTFSM
La Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, fue al Tribunal Constitucional, TC, reclamando contra la ley que sistematiza los delitos económicos.
El 15 de mayo fue despachada por el Congreso la ley que pone coto a las clases de ética para los altos ejecutivos. También llamada ley para los delincuentes de cuello y corbata.
En la presentación de la CPC se sostiene que «el proyecto de ley presume de derecho -sin que sea admisible prueba en contrario- una ‘culpabilidad muy elevada’ de una persona solo por el hecho de tener ‘posición jerárquica superior en la organización’ al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución», asegura.
Claro, esta ley lo que hace es que el hilo no se corte por lo más delgado, sino que -por ejemplo- los condenados vayan a la cárcel y devuelvan todo lo defraudado, cuestión que hasta hoy no hacen.
La CPC en su reclamación al TC sostiene que «lo que hace este proyecto de ley es atentar contra el propio Orden Público Económico al ‘seleccionar’ a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general». En este punto es más grave todavía el argumento, porque al contrario, están reconociendo que es menos gravoso para los de «arriba» el peso de la ley.
Quien nada malo hace nada debe temer. Esta defensa corporativa a los grandes empresarios que representa la CPC viene inspirada en la época feudal. Estos señores se sienten verdaderos dueños de Chile, no trepidaron dar un golpe de Estado hace 50 años ni hace 130 armar la revolución contra Balmaceda. Hoy no quieren pronunciarse sobre las isapres y apuntan a seguir ganando tiempo como han hecho los últimos 10 años. Tampoco quieren pagar más impuestos, pese a que el Banco Mundial y el FMI han apoyado esa medida.
Esperamos que el TC rechace el «téngase presente» y no continúe la eterna espera de un poco de justicia. La CPC quiere seguir con clases de ética, que no se sepa nada de colusión, de elusión ni menos tener que enfrentar penas de cárcel por sus delitos de cuello y corbata.