La Embajada de China negó este lunes que haya existido una comisaría ilegal china en la ciudad de Viña del Mar, aclarando así la información que ha circulado en los medios durante la última semana, en base a un informe publicado por la ONG española Safeguard Defenders.
La legación diplomática, sin embargo, reconoció que su gobierno sí dispuso el funcionamiento de dependencias en la ciudad jardín, asegurando que fue simplemente para agilizar trámites de sus connacionales durante la pandemia, específicamente quienes llegaban al país como tripulantes de buques mercantes.
«No es más que un centro de servicio para los ciudadanos chinos en el ultramar» que, debido a la pandemia del Covid-19 y a la distancia, «no pueden regresar a China a tiempo para realizar los trámites como la renovación de su licencia de conducir», indicó la legación diplomática en un comunicado que consignó el diario La Tercera.
«El establecimiento de dicho centro solo es una medida provisonal durante la pandemia. Como la situación pandémica mundial se vuelve estable y se alivian las medidas de control, y con la renovación de la plataforma de trámites en línea, las autoridades de Fuzhou han pedido a sus ciudadanos volver a China a realizar estos trámites, y los que tienen dificultad en viajar, pueden acceder directamente a la plataforma virtual», indicó la embajada con sede en Santiago.
En esa línea, la embajada aseguró que dicho centro de servicio en Viña del Mar dejó de funcionar en junio, precisando que, en sus tres meses de existencia, solo fue asistido un ciudadano chino para renovar su licencia de conducir.
Según la ONG española Safeguard Defenders, hay por lo menos una cincuentena de comisarías ilegales de China por todo el mundo, incluida una instalada en Viña del Mar.
De acuerdo al reporte, si bien el objetivo de dichas oficinas es supuestamente ofrecer a los ciudadanos chinos en el extranjero la posibilidad de realizar una serie de trámites burocráticos, como la renovación del carnet de conducir, éstas no cuentan con un estatus oficial y las autoridades locales no tienen conocimiento de su existencia.
La ONG denunció que estas sucursales se usan para presionar y amenazar a disidentes chinos en el extranjero e incluso en algunos casos habrían estado implicadas en repatriaciones ilegales.
