Una vez en su historia, Chile experimentó la pedagogía del terror de un Estado totalitario, por largos 17 años, y la sociedad lo superó. Hoy experimenta una presión similar, desde el extremo del crimen organizado y del miedo, con un Estado que no parece tener capacidad de contención.
Lo que mueve al Tren de Aragua es el dinero fácil y violento, impulsado por la descomposición política y moral del Estado venezolano. Las prácticas fallidas y antidemocráticas de éste, han transformado sus cárceles en una fábrica perfecta de bandas organizadas, con la complacencia o amparo del poder político que gobierna el país. El llamado pranato, (de pran, acrónimo de preso rematado asesino nato) fenómeno mafioso que domina la mayor parte del sistema carcelario venezolano, es una de las especialidades del Tren de Aragua. Ello está siendo exportado al resto de la región, principalmente Perú, Bolivia, Brasil y Chile, teniendo a la banda como vehículo de viaje.
La eliminación del despliegue del Tren de Aragua en nuestro país requiere de una política multisectorial específica, con una coordinación de fuerzas e inteligencia que el país parece no tener. Sería un grave error no reaccionar, con lo que tenga y con la mayor decisión, ante una amenaza de esa envergadura.
El pranato consiste en el control de las cárceles por los propios reos, bajo el mando de un pran, que en el caso del Tren de Aragua es Héctor Rusthenfor Guerrero Flores, el “Niño Guerrero”, quien cumple sentencia en la cárcel de Tocorón. Desde el interior de las cárceles se organiza tanto la extorsión y violencia contra los presos que no se someten a la banda, como los delitos externos de narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas y sicariato. La grave crisis económica de entre el 2019 y el 2021 en todo el país, en las cárceles fue de una hambruna, y generó una acelerada migración hacia el resto de los países de la región, con algunos de los cuales ya se tenía contactos criminales (Brasil y Colombia). Y otros, con los cuales Venezuela tenía buenas relaciones como Bolivia. La gran ola migratoria del país favoreció esa expansión y tocó Chile. Para el Tren de Aragua, los familiares de los migrantes en Venezuela son sus rehenes que obligan la complicidad.
Tareck El Aissami, actual ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, exvicepresidente de la República, exviceministro de Seguridad Ciudadana y ex ministro de Relaciones Interiores y de Justicia, también fue entre 2012 y 2016 gobernador del Estado de Aragua. En esos años terminó de madurar y consolidarse la organización del Tren de Aragua. Ello le valió el apodo de “padre del pranato”, y a la ministra del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, el de madrina. Solo un poder político corrupto entrega la cárcel a los presos, mediante pactos secretos, para generar un “orden” silencioso que permita la normalidad del gobierno de Maduro. Entre las gestiones cruzadas de Tareck El Aisammi e Iris Varela se disparan las cifras de criminalidad callejera y las muertes violentas, y se internacionalizan las bandas.
El problema se evidencia mayor cuando luego de insistentes denuncias internacionales, queda en evidencia el poder mafioso del Gobierno de Nicolás Maduro y el papel que cumplen figuras como El Aisammi y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la minería ilegal en la región. Como una organización gaseosa (el Cartel de los Soles) de redes de poder e influencia política, que incluye países de Oriente Medio, entre ellos Irán. La Corte de Manhattan de los Estados Unidos ordenó en marzo de 2019 la captura de Tareck El Aisammi y en julio de ese año lo incluyó en la lista de los más buscados del FBI.
El Tren de Aragua en esas fechas, según círculos académicos de Brasil, ya tenía contacto con el Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal de ese país, y establecidas bases de operaciones en Paraguay, Bolivia, Perú y Chile. El problema mayor, es que serviría de fuerza local de choque y protección, a cambio de drogas, armas y canales de lavado de dinero, entre otros, a organizaciones terrorista como la libanesa hezbollah, lo que ha sido denunciado en Brasil.
La eliminación del despliegue del Tren de Aragua en nuestro país requiere de una política multisectorial específica, con una coordinación de fuerzas e inteligencia que el país parece no tener. Política migratoria y control de fronteras, seguridad de infraestructura de puertos y transportes, cero tolerancia a la violencia, fortalecimiento de la investigación criminal y de la política carcelaria, y control del lavado de activos son lo esencial.
Sería un grave error no reaccionar, con lo que tenga y con la mayor decisión, ante una amenaza de esa envergadura. Minimizarla, el peor que se puede hoy cometer para el futuro del país.
Abogado, analista político y experto en temas de seguridad. 
