La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, advirtió este martes que los tribunales de justicia son el «último eslabón» a la hora de establecer nuevas políticas en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, por lo que instó a todas las instancias que tienen competencia en esta materia, a actualizarse y actuar en conjunto para que situaciones como el ataque que sufrió una enfermera de la Clínica Cordillera de Las Condes, supuestamente por la acción de sicarios, no se salgan de control.
«Evidentemente desde el punto de vista de la política criminal, estas situaciones es bueno revisarlas, porque significa de alguna manera, y esto es una terrible desgracia, que empiece a haber una especie de industria delictiva donde personas ofrecen servicio delictivo de esta manera. Incluso se ha llegado a hablar de hasta cuánto cobra este tipo de personas por cometer delitos, lo que implica una diferencia del punto de vista del universo delictual y la forma en que este se está comportando”, sostuvo.
La portavoz del máximo tribunal sostuvo que «es importante que estas situaciones no se salgan de control y en eso tiene que haber una acción conjunta de todos aquellos llamados a ocuparse del tema». Sin embargo, advirtió que, «nosotros, como ya lo he dicho en muchas oportunidades, somos el último eslabón de la lista desde el punto de vista de las medidas que se deben tomar, porque los tribunales no son los que fijan políticas públicas respecto al tema delictivo; son los que aplican la ley respecto de aquellos casos en que se configuran delitos. Pero hay otras instancias previas que tiene que ver con la normativa vigente, con la investigación, con las políticas de seguridad, con el desbaratamiento de bandas delictivas, etcétera, que es una tarea que no le compete a los tribunales, pero que por supuesto, somos todos eslabones de una misma cadena que debe ser virtuosa».
En ese sentido explicó que el derecho «evoluciona» al mismo tiempo que la actividad delictual va variando. «Entonces, hay que actualizarse y proceder constantemente teniendo esa realidad también a la vista. Pero es un trabajo conjunto. Es un trabajo fino, que se tiene que hacer por todos los entes que participan en esta materia y por supuesto en los tribunales somos los destinatarios finalmente de esas decisiones y procuramos brindar en la mayor medida de losible toda la normativa que se nos brinde justamente para condenar aquello que resulten culpable de delitos tan deleznables como el que estamos refiriendo”, reflexionó.
El ataque a la enfermera Pola Andrea Álvarez Cortés, de 32 años, se concretó la mañana del domingo 26 de junio cuando regresaba a su casa, ubicada a pocas cuadras de la clínica Cordillera, donde se desempeña como jefa de un turno. Cerca de las 09:00 horsd fue abordada por dos hombres en moto que la venían siguiendo. Ella alcanzó a ver que uno de ellos tenía una foto suya en su celular. De un momento a otro uno de los individuos extrajo un arma cortante con la que le profirió más de una decena de heridas en el tórax y rostro. Por sus propios medios, y con la ayuda de vecinos que fueron alertados por los gritos, se trasaladó de regreso a la clínica donde quedó internada y fuera de riesgo vital.
Su familia asegura que la clínica estaba al tanto de las amenazas que Pola Álvarez había recibido de otra enfermera que ocupaba antes su puesto, por lo que la Fiscalía investiga la posible contratación de sicarios por una rencilla laboral, toda vez que los autores del ataque no le robaron pertenencia alguna y se ocuparon de causarle el mayor daño físico posible.
