La ofensiva de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para imponer una señal de firmeza ante la crisis del Poder Judicial ha chocado con divisiones internas y trabas jurídicas. Pese a que en el Poder Judicial se proyectaba la salida de cerca de una veintena de magistrados por haber viajado al extranjero mientras utilizaban licencias médicas, el pleno ha logrado aprobar la destitución de solo tres jueces. De los primeros 25 cuadernos de remoción revisados, las destituciones aprobadas equivalen a únicamente un 12% de los expedientes abordados.
Falta de quórum y debate constitucional interno
La principal razón de este acotado resultado responde a la imposibilidad de construir las mayorías requeridas en el pleno. Para decretar la expulsión de un juez se exige un piso de al menos 11 votos; sin embargo, en múltiples causas las votaciones finalizaron empatadas nueve contra nueve.
A ello se sumó un debate de interpretación constitucional, donde un grupo de ministros sostuvo que no correspondía aplicar la remoción del artículo 80 de la Carta Magna a funcionarios que cometieron la falta cuando ejercían como relatores u otras funciones no titulares. Esta postura redujo aún más las posibilidades de concretar las destituciones.
El Tribunal Constitucional congela 13 causas
A las discrepancias en el máximo tribunal se suma la paralización dispuesta por el Tribunal Constitucional (TC), organismo que mantiene suspendidos los procesos de remoción de al menos 13 jueces tras admitir a trámite sus requerimientos de inconstitucionalidad. Entre las notificaciones más recientes recibidas por el secretario de la Suprema, Jorge Sáez, constan los casos de las juezas Lía Chepe, María José Salas y Kathyuzka Drpic.
Estas causas se añaden a las de otros diez magistrados con procesos frenados, entre quienes destaca el juez Daniel Urrutia, además de María Verónica Arancibia, Jorge Saavedra, Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica, Macarena Bobadilla, Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin.
Al interior de la Segunda Sala del TC, la ministra Marcela Peredo ha votado de forma consistente en contra de congelar estos expedientes, argumentando que la norma prohíbe aplicar suspensiones cuando se impugnan autos acordados. Sin embargo, la mayoría de la sala respaldó frenar las causas, dejando la ofensiva de la ministra Chevesich muy por debajo de las expectativas iniciales de la judicatura.
