Un duro informe de la Contraloría Regional de Valparaíso (Informe N°827) dejó al descubierto una extensa lista de irregularidades administrativas, fallas en el control de personal y uso no acreditado de recursos públicos en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso, correspondientes al periodo entre enero de 2024 y mayo de 2025. Ante la gravedad de los antecedentes, el organismo fiscalizador ordenó la instrucción de procedimientos disciplinarios e instruyó la adopción de medidas inmediatas.
Un pago de $247 millones a un exdirector suspendido y licencias cruzadas
Entre las anomalías más complejas descritas en la auditoría destaca la injustificada dilación en tramitar un procedimiento administrativo de suspensión y remoción de un exdirector ejecutivo. Esta demora provocó que el exdirectivo continuara percibiendo sus remuneraciones líquidas hasta el 16 de marzo de 2026, acumulando pagos por un total de $247.557.391 pese a encontrarse apartado de sus funciones.
A esta situación se suma el caso de un funcionario que prestaba servicios de manera simultánea en el SLEP de Valparaíso y en la Municipalidad de La Calera, registrando actividades paralelas e incluso percibiendo remuneraciones durante periodos en los que se encontraba haciendo uso de licencia médica.
Contrataciones directas y «comisiones de servicio» al margen de la norma
La fiscalización expuso graves anomalías en los mecanismos de reclutamiento. En la administración central se detectaron seis contrataciones directas justificadas únicamente con argumentos genéricos —como la «continuidad del servicio» o la «idoneidad»—, sin aportar antecedentes que acreditasen la necesidad de prescindir de un concurso público. Del mismo modo, en la incorporación de dos personas para un programa especial se omitieron los procesos de selección públicos, transparentes e inclusivos exigidos por norma.
En cuanto a la destinación del personal, Contraloría constató que funcionarios contratados para trabajar en establecimientos educacionales fueron derivados desde el primer día a labores administrativas en el nivel central. El ente fiscalizador enfatizó que la legislación vigente prohíbe la figura de la comisión de servicio para los docentes, mientras que para los asistentes de la educación exige fundamentos específicos y acreditados. Además, varios trabajadores permanecieron en comisión de servicio por más de un año, excediendo los plazos máximos legales.
Uso de fondos SEP sin acreditar y descontrol en horas extras
En el área financiera, la auditoría identificó el uso de recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para fines que no contaban con la acreditación ni el respaldo suficiente que justificara su correcto destino.
Finalmente, el informe dio cuenta de un severo descontrol en los sistemas de asistencia y jornada laboral, evidenciando reiteradas justificaciones por falta de marcación, registros manuales incompletos e inasistencias sin respaldo adecuado. En materia de horas extraordinarias y contratos a honorarios, se descubrieron regularizaciones posteriores a la ejecución de los trabajos, descuadres entre horas autorizadas y pagadas, e informes de actividades con descripciones genéricas y repetitivas que no acreditaban la prestación efectiva de las labores.
