Desde el 18 al 20 de agosto de 2026, representantes de diversos Estados de América Latina y el Caribe se darán cita en Montevideo, Uruguay, para participar en la sexta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (CRPD). Este encuentro de las Naciones Unidas es fundamental para dar seguimiento al Consenso de Montevideo, considerado uno de los acuerdos regionales más trascendentales para garantizar los derechos de mujeres, niñas, adolescentes, personas mayores, migrantes, comunidades afrodescendientes e indígenas, personas con discapacidad y la población LGBTQIA+.
El llamado a la acción: «No más promesas pendientes»
En la antesala de la cita, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que el Consenso de Montevideo no puede quedar reducido a una lista de promesas incumplidas en un contexto de hostilidad hacia los derechos fundamentales. «En medio de una cruzada de ataques contra los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, el Consenso debe seguir siendo una hoja de ruta para la protección de los derechos humanos«, señaló la autoridad, subrayando que los desafíos actuales demandan recursos concretos y mecanismos reales de rendición de cuentas.
Políticas públicas bajo amenaza
La conferencia se desarrolla en un clima de creciente descrédito hacia los avances en igualdad de género. En gran parte de la región se ha denunciado el desmantelamiento de políticas esenciales relacionadas con la educación integral en sexualidad, el acceso a anticonceptivos y el aborto legal. Estas restricciones limitan la autonomía de las mujeres y afectan con mayor dureza a las adolescentes —quienes enfrentan altas tasas de embarazo no intencional— y a las mujeres migrantes, víctimas de discriminación por su estatus legal.
La urgencia de proteger a la infancia: «Niñas, No Madres»
Uno de los puntos más críticos que abordará la cumbre es la violencia sexual contra menores, siendo América Latina y el Caribe la segunda región con la tasa más alta de embarazos infantiles en el mundo. A través de la campaña «Niñas, No Madres», se ha documentado cómo los sistemas de salud y justicia fallan sistemáticamente en proteger a las víctimas, imponiéndoles la maternidad forzada en plena infancia. Al respecto, Lucía Pérez Chabaneau, directora de Amnistía Internacional Uruguay, enfatizó que la prevención de la violencia y la reparación integral deben ser prioridades centrales de la agenda para dejar de normalizar esta «realidad intolerable».
Combatiendo la desinformación y el acoso a defensoras
La organización también alertó sobre la expansión de discursos que buscan criminalizar las denuncias de violencia de género bajo el falso pretexto de las «denuncias falsas», un fenómeno que ONU Mujeres ha calificado como ínfimo en comparación con la realidad de la subdenuncia. Estos discursos, sumados a iniciativas legales que buscan inhibir a las víctimas, refuerzan el silencio y la impunidad en una región golpeada por la violencia feminicida.
Finalmente, se hizo un llamado a proteger a las mujeres defensoras de derechos humanos, quienes enfrentan campañas de descrédito, vigilancia y violencia letal por su labor en la búsqueda de justicia e igualdad. La Conferencia podrá ser seguida de forma virtual a través de los canales oficiales de la CEPAL, con el objetivo de que los Estados reiteren y profundicen su compromiso con la igualdad de género.
