Después de 14 días seguidos de audiencia, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago apagó las luces de la incertidumbre. A las afueras, prensa y familiares esperaban. Adentro, por seis horas seguidas, la jueza Paulina Moya fue desarmando pieza por pieza el caso que tiene a Sartor AFG en el centro del escándalo financiero del año.
El fallo fue duro y sin matices: prisión preventiva para los cuatro excontroladores de la administradora. Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez deberán ir a la cárcel mientras dure la investigación.
La Fiscalía Metropolitana Oriente les imputa una seguidilla de delitos económicos: estafa, lavado de activos y administración desleal. Durante la jornada, la jueza Moya fue acreditando varios de esos ilícitos con los antecedentes que presentó el Ministerio Público. Con eso bastó para llegar a la conclusión central: dejarlos en libertad representa «un peligro para la sociedad».
No todos corrieron la misma suerte. Para Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera la medida fue distinta: arresto domiciliario parcial. Podrán salir, pero con restricciones y bajo vigilancia.
La audiencia maratónica terminó de confirmar lo que el mercado venía sospechando hace meses. Sartor, que alguna vez se vendió como una boutique financiera de prestigio, hoy tiene a sus principales rostros enfrentando a la justicia desde una celda.
El tribunal ahora tiene plazo para seguir con la investigación, pero el mensaje de este martes quedó claro: el caso no es solo de platas mal manejadas. Para la justicia, hubo intención, hubo daño y hubo riesgo.
El caso es parte del negocio que engloba a Azul Azul, la concesionaria del club deportivo Universidad de Chile, donde Clark fungía como presidente hasta hace más de un mes.
