“Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.” (CPCH. Art.1 inciso 5) ¿Cuál parte de esta oración no le gusta a Kast que desea cambiarla?
La esencia de la seguridad en un Estado democrático es un bien público perfecto, sin discriminaciones, simulaciones o discrecionalidad ambigua. La seguridad es una condición de toda la comunidad nacional que implica ausencia de amenazas que pongan en peligro la seguridad individual o colectiva en el ejercicio de todos sus derechos civiles y políticos. La criminalidad violenta es una de esas amenazas.
La OEA y la ONU definen la seguridad como la inexistencia de violencia ilegítima e ilegal con salvaguardia del Estado. Seguridad no es solo lucha contra la delincuencia, sino un ambiente propicio para la convivencia pacífica de las personas que elimina o controla todo factor que impida el ejercicio sano y libre de los derechos garantizados estructuralmente en la Constitución.
En su giro a la agenda de seguridad el Gobierno olvidó la crisis de probidad del Poder Judicial y la ineficiencia de las instituciones de seguridad del Estado, como una de las mayores inseguridades del país. En su discurso, reemplaza reconstrucción por seguridad y pone en medio una reforma constitucional. Para aprobarla requiere 4/7 de votos parlamentarios lo que la transforma en el modo más espinoso y abstruso para generar políticas inteligentes y fiables en el corto plazo.
De las más de 30 iniciativas de seguridad pendientes en el Congreso, el gobierno privilegia 18 para acompañar la reforma constitucional que sumadas se llaman Agenda contra el Crimen y el Terrorismo, ACOT. De las 18 solo una está referida a la crisis judicial que vive el país, y que es un grave riesgo frente al crimen organizado y la corrupción. Se trata de la reforma orgánica del Poder Judicial, Boletín 17193-07 en segundo trámite constitucional en el Senado, y que tiene un arduo debate entre la Corte Suprema y el poder político, incluido el gobierno, porque esta última piensa que perderá todo el control sobre los tribunales y habrá una dispersión institucional y administrativa.
En medio de mayorías parlamentarias frágiles, focalizar los cambios legislativos en esta reforma que tiene bastante consenso nacional, y acotar el resto a la eficiencia policial frente al crimen violento, parecería lo más sensato. Particularmente si el país se balancea sobre un eje de filtraciones judiciales de procesos en curso, a partir de un simple celular incautado a un procesado por tráfico de influencias en el Poder Judicial.
Sin un sistema judicial estable, probo y de confianza ciudadana, la ACOT tiene bajo valor práctico, incluso si difícilmente se aprobara la reforma constitucional. No son leyes lo que falta sino eficiencia. La dupla Ministerio Público/ policías tambalea en los casos de delitos complejos y no persevera o se demora una eternidad. Ello junto a la prevaricación en tribunales y ausencia de seguridad en la Fe Pública exhibida en las salas judiciales, constituyen un mal presagio para el Estado de Derecho.
La pregunta es quien apretará los tornillos flojos del poder judicial con implicancias negativas en procesos como la quiebra de Curauma o la Insolvencia Transfronteriza de Latam. Quién atenderá el descontrol de la Superintendencia de Insolvencias (quiebras); de la CMF respecto de las entidades financieras que controla; el lobby externo para nombrar jueces o manipular juicios y distribuir causas de grandes estudios de abogados; el lavado de activos en los Conservadores de Bienes; la cartelización de los operadores de casinos; o el uso de los fondos de pensiones para invertir en juegos de azar. ¿Seguimos?
Todos estos son aspectos de inseguridad en un Estado que está transitando caminos fallidos. Algo que puede inhibir anticipadamente las inversiones esperadas de la esforzada Ley de Reconstrucción que aprobó el gobierno, si no hay rectificación.
Algunos de los objetivos declarados en la ACOT son más que aceptables, como es golpear al crimen organizado en sus bienes, pues son un negocio ilegal y no una ideología. También la segmentación de reos en cárceles efectivamente rigurosas. Pero la mayoría del resto de ellas son cosas vistas y rechazadas de la propuesta constitucional plebiscitada en diciembre de 2023.
Que le faltaría el concepto “expresamente” a la noción de seguridad en la Constitución, es un argumento que desprestigia el perfil intelectual y democrático del Ejecutivo. La seguridad en un Estado es integral y de su responsabilidad expresa, lo que está consagrado en la Constitución desde 1980 sin cambios. También está el controlar “graves alteraciones de seguridad pública”. Hay leyes adecuadas y sin discrecionalidad para la seguridad pública. La participación de las Fuerzas Armadas “en tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico” también existe, pero reconociendo el carácter estructuralmente diferente de su formación profesional entre policías y militares.
Sí es perturbadora la Identificación y registro de organizaciones como criminales o terroristas a través de una “decisión fundada del Ejecutivo con control del Senado”. Ello parece un arte político de corporativismo fascista y no de un Estado democrático en forma. Es un tema estructural de las libertades políticas. Y también ya tiene legislación pertinente.
