El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la prisión preventiva para 56 imputados vinculados al denominado «Caso 3D», una organización criminal dedicada a la fabricación y comercialización de armamento prohibido a través de tecnología de impresión tridimensional. La banda, que operaba desde octubre de 2024 a lo largo de 12 regiones del país, incluía entre sus miembros a una funcionaria de Carabineros, un miembro del Ejército y varios menores de edad.
Una orgánica con «reglas de seguridad» De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía Supraterritorial, la asociación no operaba de forma azarosa, sino que contaba con una estructura jerárquica y reglas internas estrictas. Para coordinar sus movimientos, utilizaban grupos privados en Telegram y WhatsApp, donde segmentaban las funciones de sus integrantes de la siguiente manera:
- Administradores: Encargados de gestionar las comunidades en redes sociales y velar por los mecanismos de seguridad interna.
- Armeros y especialistas 3D: Su función principal era el diseño, la impresión y el ensamblaje de las piezas de armamento.
- Comercializadores y facilitadores: Responsables de buscar compradores en el mercado negro y gestionar la logística financiera de la organización.
Impresión 3D: El desafío de la «no trazabilidad» El aspecto más crítico de esta operación era el uso de impresoras 3D para la creación de armas de fuego y piezas de recambio. Según explicó el fiscal jefe Miguel Ángel Orellana, estas armas generan una complejidad mayor para las policías debido a la «no trazabilidad» que dejan tras su uso, lo que dificulta enormemente el seguimiento de los delitos cometidos con este armamento.
Durante los allanamientos simultáneos realizados por la PDI en todo el territorio nacional, se incautaron múltiples impresoras 3D, diseños digitales, municiones adaptadas, explosivos y pirotecnia.
Distribución por encomiendas y el fin de la red La banda lograba distribuir sus productos ilícitos mediante el uso de encomiendas, lo que les permitía mover el armamento de forma clandestina por el país entre 2025 y 2026. Sin embargo, la investigación —calificada como de «largo aliento» por el Ministerio Público— logró infiltrar la red mediante el uso de agentes encubiertos y reveladores.
Tras interceptar envíos y realizar vigilancias, las autoridades pudieron documentar las transacciones y desarticular la organización. El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación, periodo en el cual los 48 adultos permanecerán en prisión y los 8 menores involucrados en internación provisoria.
