Este jueves 30 de julio, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dio inicio a una de las audiencias de formalización más esperadas en el ámbito de los negocios y el deporte: el caso Sartor. El proceso, seguido de cerca por una transmisión en vivo de T13, apunta directamente a los controladores de la concesionaria Azul Azul por una serie de presuntos ilícitos financieros cometidos durante y después de la adquisición del club Universidad de Chile en mayo de 2021.
Los cargos y la llegada de Michael Clark La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente busca establecer la responsabilidad penal de los involucrados en delitos de alta gravedad, entre los que destacan administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. Además, se investigan maniobras relativas al fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) y lavado de activos.
A su llegada al Centro de Justicia, el expresidente y máximo accionista de la concesionaria, Michael Clark, se mostró desafiante ante la prensa. Según consignó T13, el dirigente aseguró estar en paz frente a las imputaciones: «Estoy tranquilo, yo sé lo que he hecho», declaró antes de ingresar a la sala de audiencias.
Una lista de 11 imputados El Ministerio Público notificará los cargos a un total de 11 personas vinculadas al grupo financiero y a la administración del club. La lista de imputados la encabezan:
- Michael Clark
- Pedro Pablo Larraín Mery
- Carlos Larraín Mery
- Mauro Valdés
- Alfredo Harz
- Óscar Ebel
- Juan Carlos Jorquera
- Miguel León Núñez
- Rodrigo Bustamante
- Hugo Baranda
- Sergio Yáñez
El horizonte judicial del caso La investigación presentada por la Fiscalía sostiene que los ilícitos habrían comenzado a principios del año 2020 y se habrían extendido de manera continuada hasta la actualidad. Debido a la complejidad de los antecedentes y la cantidad de imputados, se estima que esta etapa de formalización se extienda por al menos una semana.
En esta jornada inaugural, el tribunal se centrará en la exposición de las pruebas y la notificación de los delitos, mientras que la discusión sobre las eventuales medidas cautelares —que podrían incluir desde el arraigo nacional hasta la prisión preventiva— se llevará a cabo en las sesiones posteriores. El caso mantiene en vilo no solo al mercado financiero, sino también a la hinchada de Universidad de Chile, que ha seguido con atención las filtraciones de chats que precedieron a esta instancia judicial.
