El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó este miércoles la controversia generada tras la confirmación del hallazgo en Argentina de Bernarda Vera, mujer que figuraba como víctima de desaparición forzada en el Informe Rettig. El secretario de Estado lanzó duras críticas contra la administración anterior, asegurando que la información sobre el paradero de Vera estuvo en manos de las autoridades de la época durante más de un año antes de ser remitida a la justicia.
El retraso en la entrega de antecedentes Según detalló el titular de Justicia, los antecedentes sobre la situación de Vera habrían llegado a la Subsecretaría de Derechos Humanos en el marco del Plan Nacional de Búsqueda en marzo de 2024. Sin embargo, los datos recién fueron puestos a disposición del ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa, en junio de 2025.
Ante este escenario, Rabat fue enfático en señalar que «hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente», calificando el hecho como algo «grave». Al ser consultado por las razones del silencio, el ministro apuntó directamente a los funcionarios de la gestión pasada: «hay que preguntarle a quiénes tuvieron la información y no la entregaron, y eso me parece grave».
Cambios en el Plan Nacional de Búsqueda y sumarios El ministro destacó que, tras asumir en marzo de 2026, el actual Gobierno removió a las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda debido a una «falta de confianza». Según Rabat, la nueva dirección logró materializar los exámenes de ADN que confirmaron la identidad de Vera en apenas tres meses. «Es decir, en tres meses se hizo lo que no se obtuvo en casi dos años», argumentó el secretario de Estado.
Debido a estas irregularidades, el Ministerio de Justicia instruyó el inicio de un sumario administrativo para establecer las responsabilidades pertinentes dentro de la repartición. Asimismo, se anunció el fortalecimiento del equipo del Plan de Búsqueda para revisar minuciosamente los listados actuales y evitar la repetición de errores que afecten la «integridad de sus objetivos» y la memoria histórica.
Restitución de fondos fiscales Otro de los puntos clave del caso es el pago de beneficios y pensiones que el Estado realizó bajo la premisa de que Bernarda Vera era una detenida desaparecida. El Gobierno ya ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicie las acciones legales necesarias para proteger el patrimonio fiscal.
Rabat explicó que el Fisco tiene la facultad de requerir la devolución de cualquier pago que carezca de causa justificada, independiente de la intención de quien lo recibió. «Es una cuestión de orden objetivo», sostuvo el ministro, reafirmando que se buscará recuperar los recursos entregados de manera errónea.
Finalmente, el ministro reconoció que este no es un caso aislado, mencionando que ya se han determinado al menos 12 situaciones similares entre errores de nómina y duplicidades. Por ello, recalcó la importancia de seguir investigando frente a cualquier «duda razonable» para garantizar la confiabilidad de los informes oficiales.
