En una jornada clave para el denominado caso Factop, la justicia dictó sentencia contra el empresario Álvaro Jalaff, condenándolo a una pena de 5 años de libertad vigilada intensiva. La resolución se produjo tras un procedimiento abreviado en el que el imputado admitió su responsabilidad en el pago de sobornos para destrabar proyectos inmobiliarios y su participación en delitos tributarios.
Sobornos y el nexo con Hermosilla El tribunal validó los antecedentes que vinculan a Jalaff con el pago de aproximadamente $410 millones (equivalentes a 10 mil UF) al abogado Luis Hermosilla. Según reconoció el propio empresario, dicho monto —que incluyó 6 mil UF entregadas en efectivo— tuvo como objetivo obtener autorizaciones ilegales por parte de autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el proyecto Parque Capital.
Este nexo surgió a partir de la arista Factop del caso Audio, donde Jalaff y su hermano Antonio aparecen mencionados en reiteradas ocasiones en registros que daban cuenta de la emisión de facturas ideológicamente falsas y pagos a funcionarios públicos a cambio de favores institucionales.
Multas millonarias y administración desleal Además de la pena restrictiva de libertad, el ahora condenado deberá pagar una multa total de $700 millones. De acuerdo con el desglose presentado en la audiencia, el tribunal acogió las posiciones de los querellantes, fijando $220 millones para el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y $500 millones para el Servicio de Impuestos Internos (SII).
La investigación, según reportó BioBioChile, acreditó que entre 2019 y 2021 Jalaff autorizó transferencias por más de $1.054 millones desde Parque Capital hacia Factop, fondos que terminaron en su patrimonio personal. Esta maniobra gatilló una querella por administración desleal presentada por el Grupo Patio en 2025, sumándose al perjuicio fiscal de más de $160 millones detectado por el SII.
La postura de la defensa Tras conocerse el fallo, el abogado defensor Hugo Rivera manifestó su satisfacción con el acuerdo alcanzado con el Ministerio Público. El jurista explicó que, aunque contaban con argumentos para enfrentar un juicio oral, optaron por el procedimiento abreviado por razones personales de su representado.
«La vida a veces compela a las personas y tienen que tomar decisiones, más cuando tienen que buscar la paz y la felicidad de la familia«, sostuvo Rivera, añadiendo que con esta condena de vigilancia y el pago de las multas se han «cumplido plenamente todos los objetivos» de la defensa.
