Los avances tecnológicos en materia de comunicaciones, son impresionantes. Hace poco tiempo se inventó el teléfono celular, luego nacieron las redes sociales y hoy estamos entrando en la moda de la Inteligencia Artificial. Son avances importantes, muy útiles, pero también peligrosos.
Somos capaces de ver en tiempo real las guerras, pero somos incapaces de detenerlas. Nos quejamos de la invasión de la intimidad, pero no creamos las normas para limitar la intromisión. Hay personas, en especial políticos, que mienten descaradamente, pero igual nos engañan. A decir verdad, estamos siendo superados por la tecnología y nos retrasamos con la jurisprudencia que establezca las leyes que nos protejan de los excesos y de los abusos.
Les voy a contar un hecho que nos mueve a adoptar la mayor preocupación colectiva de la sociedad.
Hace solamente unos días, la radio-televisión pública española, RTVE, emitió un reportaje que nos advierte de un grave peligro para nuestros menores. Comienza señalando que: «Las imágenes se están convirtiendo en un elemento clave de la explotación sexual de la infancia. Hay negocios montados a partir de las imágenes de menores de edad, gente que se beneficia de producirlas, distribuirlas y asociarles publicidad».
Luego nos entrega una información que le da valor científico a lo dicho: “El investigador social de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Lluís Ballester, estudia desde hace años el «mercado» de fotos y vídeos de abuso sexual de niños y niñas. En España, estos hechos representan el 4% de los delitos contra la libertad sexual, según un informe del Ministerio de Interior de 2024”.
Y la policía española lo ratifica con cifras y datos muy elocuentes: “El subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Policía Nacional, Eduardo Casas Herrero, explica que se trata de «agresiones sexuales muy serias a niños y niñas, desde bebés hasta que son adolescentes. Lo más habitual son imágenes de los cuatro a los doce años, teniendo en cuenta que también hay bebés y adolescentes que son víctimas de estos delitos». Añade que, en España, “el 60% de protagonistas de estas imágenes son niñas frente al 40% de niños”.
En 2024 se registraron en España 698 hechos en torno a la explotación sexual de menores, lo que supone el 42% de todos los delitos sexuales contabilizados. La Policía Nacional detiene a una media de 400 personas por este delito cada año. El mercado fundamental son chicas adolescentes de 11, 12 y 13 años, y el consumidor ya no es un pedófilo, necesariamente. En ese sentido, ha aumentado el número de adolescentes consumidores y que la explotación de menores se ha generalizado porque «se ha contaminado a una parte muy importante de la pornografía».
La policía española ha llegado a la conclusión de que el consumidor «es cualquier persona, normalmente varón, en un 90-92% de los casos”. Y no depende de nivel social, cultural o económico, porque cualquier persona con una vida familiar normal puede estar consumiendo estas imágenes.
Estas frías cifras y conclusiones de investigadores y expertos, nos deben llamar a adoptar medidas de sanción más duras y ejemplares. Debemos preservar la salud mental de nuestros jóvenes y sancionar a quienes cometen estos desaguisados sociales, que son -por lo menos en España- el 92 % varones.
La Unión Europea está tomando las riendas de este asunto con la mayor seriedad. Por ejemplo, ya ha acordado endurecer las penas por abuso de menores y dar más tiempo para denunciar antes de que prescriban. Por eso, delitos como la prostitución o la violación no prescribirán hasta 32 años después de que la víctima sea mayor de edad. Pero, como la jurisprudencia va por detrás, el nuevo marco necesitará aún el visto bueno formal de la Eurocámara y de los Veintisiete para su adopción definitiva.
Algo es algo. Por lo menos es un aviso para todos los países, porque este es un asunto que afecta a la Humanidad, en su conjunto.
