El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Jonathan David Richards Gaete, el cabo de la Armada que protagonizó un trágico atropello múltiple el pasado domingo en las cercanías de la feria Caupolicán de Gómez Carreño. El funcionario naval fue formalizado por el delito de cuasidelito de homicidio, tras el accidente que dejó un saldo de seis personas fallecidas y cinco lesionados.
Exceso de velocidad y peligro para la sociedad Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público expuso que el imputado circulaba a una velocidad excesiva, estimada entre los 85,50 y 102 km/h, al momento de perder el control de su vehículo. El automóvil traspasó la calzada e ingresó a la acera, embistiendo a comerciantes y clientes que se encontraban en el recinto.
Pese a que la magistrada Pilar Labarca descartó el peligro de fuga, determinó que la libertad de Richards Gaete representa un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la magnitud del daño causado. Asimismo, el tribunal declaró admisible una querella por homicidio simple presentada por los familiares de las víctimas.
La tesis del desvanecimiento y la colaboración La defensa del marino, encabezada por el abogado Gonzalo Yuseff, insistió en que el accidente se debió a un desvanecimiento repentino del conductor antes del impacto. Según el jurista, Richards Gaete recuperó el conocimiento solo cuando estaba siendo agredido por testigos del hecho. Como prueba, se mencionó una conversación con su pareja previa al choque, donde el cabo le manifestaba que se sentía mal y que planeaba detenerse cerca de un paradero.
Por otro lado, se confirmó que las pruebas de alcoholemia y narcotest resultaron negativas, descartando el consumo de sustancias. La defensa enfatizó que el funcionario tiene la voluntad de colaborar con la justicia y que aún no ha prestado declaración oficial porque la Fiscalía no ha realizado dicha diligencia.
Plazo de investigación El imputado deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Casablanca. En tanto, el tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación, periodo en el cual se buscará establecer si existió una condición médica especial que provocara la pérdida de conciencia o si la responsabilidad recae exclusivamente en la negligencia por exceso de velocidad.
