Por Lylian Mires*
La tasa global de fecundidad en Chile ha alcanzado mínimos históricos, situándose muy por debajo de la tasa de reemplazo poblacional de 2,1 hijos por mujer. Este fenómeno suele interpretarse como la consecuencia de cambios culturales, del aumento de la participación laboral femenina o de nuevas preferencias respecto de la maternidad y la paternidad. Si bien estos factores son relevantes, resultan insuficientes para comprender un fenómeno mucho más complejo. La disminución de la fecundidad también refleja las condiciones institucionales en que las personas intentan desarrollar sus proyectos familiares.
Las decisiones reproductivas no se toman en el vacío, sino que están condicionadas por factores tales como la organización del mercado laboral, el acceso a vivienda, la disponibilidad de servicios de cuidado, la protección social, la estabilidad de los ingresos y las oportunidades que ofrece el Estado para compatibilizar trabajo y familia. Es decir, la decisión de tener hijos depende de cómo una sociedad distribuye los riesgos asociados a la crianza entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad y cuando estas instituciones no reducen los riesgos asociados a la crianza, terminan elevando los costos económicos, laborales y personales de tener hijos, transformando una decisión privada en una decisión condicionada por el contexto social.
Desde esta perspectiva, la baja natalidad constituye también una expresión de las desigualdades estructurales, pues, aunque Chile ha logrado importantes avances en crecimiento económico y reducción de la pobreza monetaria, persisten profundas brechas de ingresos, de género y territoriales que limitan la capacidad de muchas personas para concretar el número de hijos que desearían tener. Propongo denominar este fenómeno como infertilidad estructural, entendiendo por ello, la incapacidad de materializar un proyecto reproductivo no por razones biológicas, sino porque las condiciones económicas, laborales, habitacionales e institucionales restringen objetivamente la capacidad de las personas de formar y sostener una familia. A diferencia de generaciones anteriores, la decisión de tener hijos se adopta en un contexto de creciente incertidumbre, por lo que la planificación familiar deja de depender exclusivamente del deseo de ser madre o padre para estar condicionada por la percepción de riesgos que las instituciones no logran amortiguar. De tal manera, la fecundidad no es solo una variable demográfica, sino que se transforma en un indicador de las desigualdades institucionales de la sociedad.
En este proceso, las desigualdades de género ocupan un lugar central. Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que incrementa el costo de oportunidad de la maternidad y afecta sus trayectorias laborales, ingresos y protección previsional. En ausencia de una redistribución efectiva de estas responsabilidades entre el Estado, el mercado, las comunidades y los hombres, la maternidad sigue representando un factor de desigualdad económica y social. En consecuencia, las decisiones sobre tener hijos no responden únicamente a preferencias individuales, sino también a la evaluación de los costos que la sociedad continúa asignando principalmente a las mujeres.
La discusión sobre natalidad no puede, por tanto, reducirse a incentivos económicos o campañas para aumentar los nacimientos. Requiere robustecer las instituciones que permiten ejercer efectivamente el derecho a formar una familia. Políticas como el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados, la ampliación del acceso universal a la educación inicial, el avance hacia una Ley de Sala Cuna Universal, la corresponsabilidad parental, sistemas de protección social más integrales y mercados laborales compatibles con la vida familiar, no constituyen únicamente políticas sociales o de género. Son también políticas demográficas, en la medida en que reducen las restricciones estructurales que hoy limitan los proyectos reproductivos de las personas.
La crisis demográfica constituye, en última instancia, un indicador de la capacidad —o incapacidad— de la sociedad para asegurar que los proyectos familiares puedan desarrollarse en condiciones de igualdad, seguridad y corresponsabilidad.
*Lylian Mires PhD Socióloga, consultora senior en género y políticas públicas
Ex Jefa de la División de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
