El Gobierno ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia para combatir la morosidad en el pago de previsiones a través del nuevo Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC). Bajo este nuevo modelo, la Tesorería General de la República (TGR) ya se encuentra alistando los procesos de cobranza prejudicial dirigidos a cualquier persona o empleador que mantenga deudas previsionales con sus trabajadores,.
Un frente unido contra la morosidad
Hasta la fecha, cada AFP debía realizar las acciones de cobranza por separado, lo que fragmentaba los esfuerzos de recuperación. El SUCC cambia las reglas del juego al establecer una gestión coordinada y eficiente entre diversas instituciones clave, incluyendo a la propia TGR, la Subsecretaría de Previsión Social, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y la Asociación de AFP.
Según explicó la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, este esfuerzo busca «fortalecer la seguridad social mediante una mejor coordinación entre las instituciones y recuperar recursos que pertenecen a los trabajadores y que impactan directamente en sus futuras pensiones»,.
Mayor trazabilidad y eficiencia El principal objetivo del sistema es fortalecer la coordinación institucional para mejorar la recuperación de fondos que legalmente pertenecen a las personas trabajadoras. Entre las ventajas del modelo destacan:
- Cobranza trazable: Permite un seguimiento más claro de las deudas y los pagos.
- Unificación de acciones: Todas las entidades relacionadas con la protección de los ahorros actúan en conjunto.
- Continuidad legal: Las deudas anteriores mantienen plena vigencia y seguirán siendo perseguidas bajo los procedimientos establecidos por la ley.
Sin cambios para el trabajador cumplidor
Es importante destacar que esta ofensiva de la TGR no crea nuevas obligaciones ni modifica el monto de las cotizaciones actuales para trabajadores o empleadores que están al día. Se trata estrictamente de un mecanismo para hacer más eficiente la recuperación de dineros que ya deberían estar en las cuentas de ahorro de los empleados pero que aún no han sido integrados por sus empleadores,. Con este sistema, el Ejecutivo apuesta por una mayor transparencia y celeridad en un área crítica para la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo,.
