Hay frases que, pese al paso del tiempo, explican mejor que muchos discursos la forma en que un país entiende el poder. Una de ellas corresponde a una declaración atribuida a Eduardo Matte Pérez, entonces ministro del Interior durante el gobierno de Jorge Montt, publicada el 19 de marzo de 1892 en el diario El Pueblo: «Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa nada ni como opinión ni como prestigio». Más de un siglo después, sus palabras siguen reflejando una mentalidad que marcó la historia de Chile y cuyos ecos, para muchos, todavía resuenan en el presente.
Durante décadas, miles de trabajadores del campo vivieron bajo el sistema de inquilinaje, dependiendo casi por completo de la voluntad del patrón. El salario, tal como hoy lo entendemos, muchas veces ni siquiera existía. Se pagaba en especies, con el derecho a habitar una vivienda o cultivar un pequeño terreno para sobrevivir. La reforma agraria iniciada en la década de 1960 no solo redistribuyó tierras; comenzó también a reconocer algo mucho más profundo: que quienes trabajaban la tierra eran personas con derechos y no simples instrumentos de producción.
Chile a partir de los 90 cambió, creció y modernizó su economía. Millones de personas dejaron atrás la pobreza y accedieron a bienes y servicios que antes parecían inalcanzables. Ese avance es innegable. Pero el desarrollo no puede medirse únicamente por la capacidad de consumir. Una democracia madura también requiere ciudadanos conscientes de sus derechos, capaces de defender condiciones laborales dignas y de comprender que el trabajo no es una mercancía más, sino el principal factor de cohesión social.
Han pasado más de sesenta años desde la reforma agraria. Sin embargo, cada vez que se discuten mejores salarios, jornadas más humanas o mayores derechos laborales, pareciera reaparecer la misma resistencia de siempre. Como si garantizar condiciones laborales dignas fuera una amenaza y no una señal de desarrollo.
La reciente discusión sobre flexibilizar la distribución de la jornada laboral vuelve a poner esa tensión sobre la mesa. La flexibilidad, bien regulada, puede ser útil en determinadas actividades. Pero cuando existe una evidente asimetría entre empleador y trabajador, la primera pregunta debe ser quién asume el riesgo. Si una persona trabaja jornadas más extensas durante meses esperando compensarlas después y pierde su empleo antes de recibir ese descanso, ¿quién responde? Toda reforma laboral debe impedir que la flexibilidad termine convirtiéndose en precariedad.
No deja de llamar la atención que, en algunos sectores, los derechos laborales sean presentados casi como un obstáculo para contratar, como si proteger a las personas fuera incompatible con el crecimiento económico. Esa lógica reduce el trabajo a una simple variable de costo y olvida que detrás de cada contrato existe un proyecto de vida, una familia y una persona que dedica gran parte de su existencia a producir riqueza para otros.
Lo que preocupa no es únicamente el contenido de una reforma. Es la facilidad con que algunos sectores siguen mirando el trabajo exclusivamente desde la planilla de costos. Detrás de cada sueldo hay una familia; detrás de cada hora extraordinaria hay tiempo que no vuelve; detrás de cada decisión empresarial hay personas que organizan su vida en función de un ingreso que, muchas veces, apenas alcanza para llegar a fin de mes.
La verdadera riqueza de un país no está solo en sus cifras macroeconómicas ni en el crecimiento de sus empresas. Está también en la dignidad con que trata a quienes hacen posible ese crecimiento. Ninguna economía puede llamarse exitosa si quienes la sostienen viven con incertidumbre permanente o deben aceptar condiciones cada vez más precarias para conservar un empleo.
Chile ha avanzado mucho. Sería injusto negarlo. Pero también sería un error creer que el crecimiento económico, por sí solo, corrige las desigualdades o cambia las culturas. La empatía no aparece por decreto. Se construye cuando entendemos que el desarrollo tiene sentido únicamente si mejora la vida de todos y no solo de quienes históricamente han concentrado el poder económico.
Quizás la mayor deuda que arrastra nuestro país no sea únicamente la desigualdad en la distribución de la riqueza, sino la persistencia de una mirada que sigue considerando el trabajo como un costo antes que como el fundamento mismo de la prosperidad. Mientras esa lógica no cambie, seguiremos discutiendo cifras, porcentajes y reformas, sin abordar la pregunta esencial: ¿qué valor le damos, como sociedad, a la dignidad de quienes sostienen Chile con su trabajo cotidiano?
Los derechos laborales nunca han sido regalos de la historia; han sido conquistas. Cada avance —desde el descanso dominical hasta la jornada de 40 horas— ha costado décadas de organización y lucha. Por eso, cada vez que esos derechos se presentan como un obstáculo para el crecimiento económico, vale la pena preguntarse si realmente hemos dejado atrás aquella antigua idea de que Chile pertenece a unos pocos y que el resto solo está para trabajar.
