Este jueves 2 de julio marcó el comienzo de la audiencia de preparación de juicio oral contra una veintena de integrantes de la banda «Los Piratas de Aragua», acusados por el secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. El proceso, que se desarrolla en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago bajo reserva, constituye la fase intermedia donde se definen las pruebas —incluyendo 200 testigos y más de 100 peritajes— que se presentarán ante el tribunal oral. Para los principales responsables de la organización, el Ministerio Público solicita penas que alcanzan el presidio perpetuo calificado.
La conexión con Caracas y el Tren de Aragua
La fiscalía sostiene con firmeza que el crimen tuvo un trasfondo político gestionado desde Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra bajo custodia en Estados Unidos. Según el testimonio de un testigo clave protegido, el ministro Diosdado Cabello habría ordenado el secuestro contactando directamente a Héctor «Niño Guerrero» Flores, líder del Tren de Aragua (TDA), para coordinar los pagos y la ejecución. Este último, quien era requerido por la justicia chilena por diversas operaciones criminales, fue abatido recientemente en un operativo internacional.
Caída de los cabecillas internacionales
El avance judicial coincide con un debilitamiento significativo de la cúpula del TDA; además de la muerte de Guerrero, el cofundador de la banda, Larry Álvarez Núñez (alias «Larry Changa»), será pronto enviado a Chile desde Colombia tras la firma de su extradición por parte del presidente Gustavo Petro. Asimismo, la célula de «Los Piratas» que operó en Santiago trabajaba bajo las instrucciones de Rafael Enrique Gámez Salas, apodado «El Turko», quien permanece arrestado en Texas a la espera de los avances del proceso.
Un crimen que estremeció al país
Ronald Ojeda, quien residía en Chile como refugiado tras escapar de una prisión militar venezolana en 2017, fue sacado a la fuerza de su domicilio por sujetos que fingieron ser detectives de la PDI. Su cuerpo fue localizado una semana después del rapto dentro de una maleta, oculto bajo una capa de cemento a gran profundidad en un asentamiento irregular de Maipú. Con el inicio de esta etapa, la justicia chilena busca cerrar uno de los casos de criminalidad transnacional más complejos de los últimos años.
