La Contraloría General de la República (CGR) emitió un duro dictamen este jueves, concluyendo que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sobrepasó sus atribuciones legales al requerir datos sensibles a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre una causa penal en curso. El organismo fiscalizador determinó que la exautoridad no cumplió con su «deber de abstención» al intervenir en una materia vinculada a su cargo anterior como fiscal.
El requerimiento bajo la lupa
A solo dos días de haber asumido en el gabinete, Steinert envió un oficio a la PDI solicitando una nómina detallada —incluyendo nombres, cédulas de identidad y grados— de los funcionarios de una Brigada Antinarcóticos que habían sido removidos o trasladados de una investigación específica. La causa en cuestión, identificada con un RUC determinado, correspondía a una indagatoria contra el «Clan Chen», una organización criminal de origen chino en Iquique, zona donde Steinert se desempeñaba previamente como fiscal regional de Tarapacá.
El dictamen de la Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, establece que el requerimiento no se enmarcó en las competencias de planificación o evaluación de políticas de seguridad que la ley otorga al Ministerio. Por el contrario, se cuestionó que la exministra pidiera incluso los antecedentes disciplinarios y penales de los detectives trasladados, entre los cuales figuraba el subprefecto Mauricio Fuentes, sindicado como una persona cercana a la exautoridad.
Conflictos de interés y deber de abstención
La resolución surge tras los requerimientos presentados por los diputados Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC) y Tatiana Urrutia (FA). Al respecto, el diputado Leiva subrayó la gravedad de que una ministra solicitara información sobre una causa judicial abierta a la que tuvo acceso directo en su calidad de fiscal, actuando fuera del marco de sus funciones ministeriales.
Situación de la Subdirectora de la PDI
En el mismo documento, la Contraloría se pronunció sobre la salida de la prefecta general Consuelo Peña, quien fuera la «número 3» de la institución policial y cuya desvinculación generó polémica en marzo. Sobre este punto, el órgano contralor determinó que el decreto que dispuso su retiro absoluto se encuentra ajustado a derecho, validando el acto administrativo realizado el pasado 10 de abril.
Finalmente, el dictamen también clarificó la situación de la Unidad Ministerial Estratégica, confirmando que esta se mantiene bajo la dependencia directa del titular de Seguridad Pública, sin que se haya producido una vulneración legal respecto a su supuesta disolución.
