A cinco días del devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela, el equipo de rescatistas voluntarios Topos de Chile denunció una serie de hostigamientos y persecuciones por parte de efectivos militares locales. El líder de la agrupación, Francisco Lermanda, calificó la situación como una «paranoia» institucional que ha derivado en constantes controles de identidad e interrogatorios bajo la sospecha de que los expertos chilenos serían, en realidad, agentes de inteligencia de Estados Unidos o de Chile.
Rescate bajo sospecha
Según el relato de Lermanda, las fiscalizaciones se realizan incluso en los puntos más críticos de la tragedia, con uniformados irrumpiendo en zonas de edificios colapsados y túneles de rescate para exigir documentación a especialistas que se encuentran trabajando contra el tiempo. La desconfianza ha llegado a niveles extremos: una de las rescatistas del equipo fue sometida a ocho controles de identidad en una sola jornada, donde se le cuestionó reiteradamente sobre su profesión en Chile y su labor en la zona de desastre.
Uno de los episodios más graves ocurrió durante el intento de auxilio a un joven de 14 años que presentaba un cuadro de aplastamiento (síndrome compartimental). Ante la urgencia, el equipo tomó una fotografía de la víctima para realizar una videollamada con médicos especialistas y recibir instrucciones precisas; sin embargo, al intentar obtener señal, un soldado les arrebató el teléfono celular, argumentando que se trataba de un posible acto de espionaje.
Militarización versus eficiencia
Para el líder de los Topos, el gobierno venezolano ha caído en el error de «politizar y militarizar» la emergencia. Lermanda reveló que incluso un coronel del ejército manifestó el temor de que, aprovechando el caos del terremoto, se pudiera gestar un golpe de Estado con ayuda extranjera. Esta actitud ha generado indignación no solo en los brigadistas, sino también entre la población civil venezolana, quienes acusan que los militares se limitan a supervisar y controlar accesos en lugar de colaborar activamente en la remoción de escombros.
A pesar de contar con una autonomía de diez días para operar, el contingente nacional ha visto dificultada su tarea por este ambiente de asedio. «Lo más complejo de tratar con este tipo de personas es que están armados, y están igual de traumados e igual de colapsados que el edificio», sentenció Lermanda, enfatizando que en una catástrofe de esta magnitud la última palabra debería tenerla el especialista y no el mando político o militar.
