La Fiscalía Local de Coyhaique presentó este viernes una acusación formal contra el senador Miguel Ángel Calisto (Ind.) y otros siete imputados por los delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones. La acción judicial, liderada por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, apunta a una defraudación que supera los $100 millones de pesos mediante un esquema de «asesorías fantasmas» que operó mientras el legislador se desempeñaba como diputado.
El mecanismo de la defraudación
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, entre los años 2018 y 2022 se articuló un «esquema sistemático de defraudación» consistente en la contratación de servicios de asesoría parlamentaria que resultaron ser «meramente ficticios». El foco principal de la acusación recae sobre los contratos de Carla Graf Toledo, quien, según la Fiscalía, «nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el Sr. Calisto Águila», sirviendo sus contratos solo como un «mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales».
El persecutor detalló que los honorarios pagados por el Congreso a la señora Graf eran posteriormente transferidos al entonces diputado Calisto y a Roland Cárcamo Catalán, siendo utilizados para su «provecho y beneficio personal». Por esta dinámica, el fiscal Libedinsky calificó el sistema como una verdadera «caja pagadora».
Escenario judicial y penas solicitadas
Dada la cuantía del perjuicio —que en la última audiencia de reformalización fue ajustado a $105.554.697— y el carácter reiterado de los delitos, la Fiscalía acusó por ilícitos que tienen asignadas «penas de crimen». Junto con la acusación, el Ministerio Público solicitó formalmente a la Corte de Apelaciones de Coyhaique el desafuero del senador, paso indispensable para que la causa pueda avanzar hacia un juicio oral.
Actualmente, el parlamentario —quien integra el comité de Evópoli en el Senado— se encuentra con la medida cautelar de arraigo nacional y tiene prohibición de comunicarse con los otros coimputados principales. El fiscal regional enfatizó que cuentan con una «extensa batería de antecedentes», incluyendo pruebas documentales, testigos y peritajes, para acreditar los hechos ante el tribunal. Por su parte, desde el equipo del senador Calisto indicaron que el legislador no se referirá al tema por el momento.
