En medio de la crisis social que sacudió a Chile en octubre de 2019, el abogado Gabriel Zaliasnik propuso al gobierno de Sebastián Piñera medidas de control que han sido calificadas como propias de regímenes autoritarios. Según revelan chats de WhatsApp intercambiados con Luis Hermosilla —quien entonces se desempeñaba como asesor del Ministerio del Interior—, el actual embajador sugirió explícitamente que la administración debería apagar el acceso a internet de la población para contener las movilizaciones. El 1 de noviembre de 2019, mientras las protestas se multiplicaban, Zaliasnik escribió a Hermosilla: «Hay q cortar internet«, e insistió días después citando como referentes a Irán, Turquía o China al ver publicaciones de periodistas y activistas en redes sociales.
La propuesta de desconexión digital, publicada por el medio Reportea.cl no fue el único planteamiento extremo que surgió en las conversaciones entre ambos abogados, quienes en ese periodo estrecharon su vínculo para diseñar la defensa del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, frente a una acusación constitucional. Zaliasnik también planteó la necesidad de aplicar la Ley de Inteligencia para realizar seguimientos e interceptaciones telefónicas a dirigentes políticos de oposición que, a su juicio, instigaban las protestas. Entre los nombres mencionados para estas operaciones de vigilancia se encontraban Daniel Jadue, Hugo Gutiérrez, Karol Cariola y el entonces diputado Gabriel Boric. Respecto al exalcalde de Recoleta, Zaliasnik fue enfático en solicitar un «brief de inteligencia en serio» y propuso intervenirle los teléfonos y ponerle seguimiento.
Este episodio ha vuelto a la luz pública situando a Gabriel Zaliasnik en el centro de la controversia política y judicial de actualidad. El abogado fue oficialmente designado como embajador de Chile en Israel el pasado 5 de junio bajo la administración del presidente José Antonio Kast. Sin embargo, la revelación de estos chats por parte del medio Reportea —que incluyen gestiones para influir en nombramientos judiciales y solicitudes de gastos reservados para financiar defensas penales— provocó que la Fiscalía de Valparaíso abriera una investigación criminal en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y fraude al Fisco. A pesar de los cuestionamientos de diversos sectores y de las asociaciones diplomáticas, el Ejecutivo ha optado por mantener su nombramiento mientras el proceso judicial se encuentra en sus etapas iniciales.
