La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este viernes revocar la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien se encontraba recluida en el Centro de Detención Femenina de San Joaquín desde el pasado 30 de enero. En su lugar, el tribunal de alzada determinó que la abogada deberá cumplir con la medida de arresto domiciliario total, además de quedar sujeta a arraigo nacional y la prohibición absoluta de comunicarse con los demás imputados en la causa. Vivanco es investigada formalmente por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos en el marco de una compleja red de corrupción judicial.
El origen de su reclusión se encuentra en la denominada «trama bielorrusa», una arista que se desprendió del «Caso Audio» tras la revisión de los chats del abogado Luis Hermosilla. El nombre de esta causa hace referencia al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM), integrado por la empresa nacional Movitec y la fábrica estatal bielorrusa Belaz. La investigación sostiene que Vivanco, mientras integraba y presidía de forma subrogante la Tercera Sala del máximo tribunal, habría intervenido indebidamente para favorecer a dicho consorcio en un millonario litigio contra la empresa estatal Codelco.
El conflicto judicial entre Codelco y CBM se originó en 2023, luego de que la cuprífera terminara anticipadamente un contrato tras un accidente fatal en el proyecto Rajo Inca. Pese a que Codelco había ganado en instancias anteriores, la sala presidida por Vivanco emitió fallos con una rapidez sin precedentes que obligaron a la estatal a pagar cerca de 17 mil millones de pesos al consorcio. Según la tesis de la Fiscalía, la motivación detrás de estas resoluciones habría sido el pago de millonarias coimas que no fueron recibidas directamente por la exmagistrada, sino a través de un sofisticado esquema de blanqueo.
La red de pagos involucraría al abogado Eduardo Lagos, quien habría emitido cheques a una casa de cambio para obtener efectivo que luego era entregado a Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco. Posteriormente, el dinero habría sido transferido a los conservadores de bienes raíces Yamil Najle y Sergio Yaber, quienes finalmente lo devolvían mediante múltiples transferencias bancarias destinadas a financiar viajes al extranjero y pagar tarjetas de crédito de la exministra. Además de los beneficios económicos, la indagatoria apunta a que Vivanco habría intentado tomar el control de la Tercera Sala Constitucional promoviendo acusaciones contra sus propios colegas para consolidar su influencia en el tribunal.
