La Fiscalía Centro Norte formalizó este miércoles la acusación en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, solicitando penas que suman un total de 28 años de cárcel por diversos delitos de corrupción. En un extenso documento de 1.533 páginas, el Ministerio Público solicita 12 años de presidio por 29 delitos reiterados de fraude al fisco, 6 años por lavado de activos, otros 6 años por declaración maliciosa de impuestos y 4 años por la obtención indebida de devolución de impuestos. La acusación surge tras una investigación de cinco años que sitúa al exjefe comunal como el líder de una organización destinada a desviar fondos públicos entre 2011 y 2021.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, Torrealba se concertó con antiguos colaboradores, entre ellos la exdirectora de Desarrollo Comunitario Antonia Larraín y el excontable Domingo Prieto, para defraudar al municipio. El esquema operaba a través de las organizaciones comunitarias conocidas como VITA y el Consejo Local de Deportes, desde donde se desviaban subvenciones municipales para beneficio económico del acusado o de terceros. Estas maniobras habrían generado ganancias ilícitas de al menos $761.840.886, recursos que el imputado integró al sistema financiero vulnerando los controles preventivos de lavado de dinero.
En el ámbito de los delitos tributarios, el Ministerio Público sostiene que Torrealba presentó declaraciones anuales de renta maliciosamente incompletas al ocultar ingresos percibidos por sus actividades ilícitas entre los años 2016 y 2021. Estas omisiones habrían causado un perjuicio fiscal ascendente a $72.943.166, cifra actualizada a abril de 2023. La acusación también destaca que, tras una autodenuncia que destapó el caso, Antonia Larraín fue condenada a cinco años bajo libertad vigilada, mientras que otros involucrados optaron por procedimientos abreviados, dejando a Torrealba como el único imputado que enfrentará un juicio oral.
Actualmente, el exalcalde cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario parcial mientras se prepara la siguiente etapa procesal. La justicia fijó la audiencia de preparación del juicio oral para el próximo 13 de julio de 2026. En dicha instancia se discutirán las pruebas y antecedentes que marcarán el desenlace judicial de uno de los casos de corrupción municipal de mayor envergadura en la Región Metropolitana.
