La Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Ministerio Público, realizó este martes un allanamiento en el domicilio de Percy Marín, exmarido de la senadora Camila Flores (RN). El operativo, que se enmarca en una investigación por presunto fraude informático, culminó con la entrega de los dispositivos electrónicos de Marín, los cuales, tras un peritaje digital, arrojaron evidencia que lo vincula con la difusión de las imágenes y videos de carácter sexual de la parlamentaria que circulan en redes sociales.
La denuncia por «venganza y despecho» La acción judicial se gatilló luego de que la propia senadora denunciara públicamente a través de un video que su exesposo, presuntamente coludido con terceros, difundió material privado obtenido de manera «ilícita e ilegal». Flores atribuyó el hecho a una conducta de «despecho, odio y violencia» por no aceptar el término de la relación, enfatizando que nadie tiene derecho a destruir la vida de una mujer por el solo hecho de querer rehacer su vida.
La confesión en la demanda de divorcio Un antecedente clave en la investigación es la propia demanda de divorcio culposo interpuesta previamente por Percy Marín contra la senadora. En dicho documento, Marín admite explícitamente haber tenido acceso a los registros de las cámaras de seguridad instaladas en el inmueble familiar, las cuales estaban conectadas a una aplicación móvil y almacenaban imágenes en la nube.
En el texto legal, Marín relata que el 25 de diciembre de 2025 constató a través de estos videos una supuesta infidelidad de Flores y afirma textualmente que los registros se encuentran en su poder en virtud del acceso legítimo que tenía al sistema de seguridad del hogar. Esta admisión en el expediente judicial coincide con la línea investigativa de la PDI sobre el origen del material filtrado.
Contexto de violencia y apoyo político Este escándalo se suma a un historial de conflictos que incluye una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por la senadora el 15 de diciembre pasado, lo que derivó en una orden de alejamiento que obligó a Marín a abandonar el hogar común con auxilio de la fuerza pública.
El caso ha provocado un transversal apoyo político femenino. Figuras como Evelyn Matthei, la senadora Paulina Núñez y la exministra Antonia Orellana condenaron el acto, recordando que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento es un delito de violencia de género tipificado en la Ley Integral. Por su parte, la defensa de la senadora espera que la justicia actúe con rigor ante lo que califican como una «manifestación brutal de violencia».
