Una masiva investigación liderada por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular una sofisticada organización criminal dedicada al comercio ilegal de recursos marinos, la cual habría generado ingresos de hasta 21 mil millones de pesos en un periodo de dos años. La red, que operaba principalmente entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos, contaba con la participación de funcionarios públicos estratégicos, entre los que destaca un exdirector regional de Sernapesca y tres miembros de Carabineros, quienes facilitaban el transporte y la comercialización de productos como merluza austral y congrio sin ningún tipo de control sanitario o de trazabilidad.
El caso más emblemático es el de Guillermo Quiroz, biólogo marino y exdirector regional subrogante de Sernapesca en Los Ríos, quien además fue seremi de Economía y precandidato a diputado por el PPD. Irónicamente, Quiroz era conocido en la zona por encabezar operativos de fiscalización y llamar públicamente a combatir la pesca furtiva. Sin embargo, según los antecedentes de la indagatoria, su función dentro de la organización era omitir la fiscalización de los puestos de feria en Valdivia donde se vendían los productos ilegales, permitiendo que llegaran al público sin acreditar su origen legal.
La logística de la banda incluía una red de protección en las carreteras. Dos de los tres carabineros involucrados prestaban servicios en la Tenencia de Carreteras de La Unión, donde hacían caso omiso a la revisión de los vehículos que transportaban la mercancía y alertaban a los conductores sobre la presencia de patrullas policiales. En esta coordinación también participaban trabajadoras de peajes, quienes recibían dinero y productos a cambio de informar sobre operativos de control en la ruta. Mientras tanto, un tercer uniformado —dado de baja en marzo— se encargaba directamente de la comercialización de los productos marinos.
En términos económicos, la estructura criminal adquiría los recursos en Calbuco a bajo costo para luego venderlos al doble de su valor en mercados de Valdivia, La Araucanía y el Terminal Pesquero de la Región Metropolitana. Las autoridades advirtieron que este negocio no solo generaba una competencia desleal para los comerciantes establecidos, sino que representaba un grave riesgo para la salud pública, ya que los pescados eran extraídos incluso en tiempos de veda y carecían de cadena de frío y certificación sanitaria.
Tras la detención de 55 personas involucradas, el Tribunal de Garantía de Valdivia inició el proceso de formalización por delitos que incluyen asociación criminal, lavado de activos, cohecho, falsificación de documentos públicos e infracciones a la Ley de Pesca. La caída de esta red, que comenzó a gestarse tras la detección de un vehículo robado en 2024, expone la profundidad de la corrupción institucional utilizada para el blanqueo de recursos hidrobiológicos en el sur del país.
