La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a la CGR que se abstenga de requerir al Ministerio de Salud “datos sensibles” de miembros del programa de apoyo a la transición de género.
En una nota de Informe Especial de TVN, se detalló que el tribunal de alzada acogió el recurso de protección interpuesto por una madre, quien estimó que el oficio de Dorothy Pérez era “arbitrario e ilegal” y conculcaba sus derechos constitucionales.
Básicamente, de acuerdo a la nota, porque el organismo fiscalizador requería —para realizar una auditoría— números de RUT, nombre social y registral, identidad de género, fecha de nacimiento, ingreso y egreso del programa, el hospital donde se trata él o la menor de edad (o bien adulto, según sea el caso) y la vigencia del servicio. Así entraban en colisión, además, la Ley de Protección de la Vida Privada y la Ley de Derechos del Paciente.
La decisión judicial adoptada por dos votos contra uno, criticó duramente el criterio adoptado por el organismo fiscalizador.
“Resulta desproporcionado sacrificar un derecho de rango constitucional sustentándose en una premisa fáctica, carente de corroboración probatoria específica, cuando existen medios alternativos que permiten alcanzar los mismos fines de control con una intervención sustancialmente menor en la esfera íntima de los beneficiarios”, dice el fallo al que accedió Informe Especial.
Aún cuando los magistrados reconocieron que la Contraloría debe ejercer su labor de cuidado y control de los dineros públicos, recordó que dicha facultad tiene límites jurídicos.
“Si bien no se desconoce el ineludible rol que le asiste al ente contralor en la fiscalización de los fondos públicos, el ejercicio de dichas prerrogativas no ostenta un carácter absoluto y encuentra su límite en el respeto a la dignidad y autonomía de las personas, según ha reconocido el Tribunal Constitucional”, señaló.
La CGR es representada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que podrá apelar ante la Corte Suprema para que dirima la controversia legal.
