El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Local de Punta Arenas, inició una investigación penal por un presunto fraude en la adjudicación de un subsidio habitacional que benefició a Susan Liliana Chicuy Godoy, pareja del diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci. La indagatoria se originó tras una denuncia del Serviu de Magallanes, la cual acusa que la mujer habría omitido información socioeconómica estratégica para acceder a beneficios destinados al 40% más vulnerable del país.
Omisión de antecedentes y vínculo con el parlamentario De acuerdo con la denuncia interpuesta por el director (s) del Serviu, Omar González, Chicuy no declaró su vínculo sentimental ni la convivencia con el actual diputado —quien es además el padre de sus tres hijos— al momento de postular al proyecto «Estepa Austral I». Al no incluir al parlamentario en su núcleo familiar, la beneficiaria figuró en el Registro Social de Hogares (RSH) en una condición de “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”.
Los antecedentes del Serviu sostienen que, de haberse informado fidedignamente la composición del hogar y los ingresos reales, la postulante no habría obtenido el subsidio. Esto se fundamenta en que el nivel de ingresos real y el patrimonio del diputado Riquelme, quien es dueño de uno o más inmuebles, la habrían situado fuera de los márgenes de vulnerabilidad requeridos por el programa.
Sociedades compartidas y millonarios contratos La investigación también expone la solvencia económica de la pareja a través de sus vínculos comerciales. Riquelme y Chicuy comparten la propiedad de al menos cuatro sociedades: Magallania Capacitaciones Limitada, Magallania SpA, Magallania Asesorías Limitada y Cannabimed Agroproductos y Laboratorios SpA.
Uno de estos antecedentes resulta clave para el organismo denunciante: la firma Magallania Capacitaciones registra contratos y convenios con organismos públicos por un monto superior a los 1.096 millones de pesos entre 2007 y 2025.
Mecanismo de «reemplazo» bajo la lupa El acceso al beneficio se habría concretado mediante una modalidad de «reemplazo» en el programa Fondo Solidario de Vivienda. Según el Serviu, la pareja del diputado fue incorporada para sustituir a un beneficiario original mediante un procedimiento presuntamente irregular coordinado por la entonces jefa de Operaciones del servicio, quien habría propuesto el nombre directamente a la entidad patrocinante del proyecto.
Frente a estos hechos, el diputado Alejandro Riquelme descartó cualquier irregularidad y sostuvo que la apertura de la causa «no implica culpabilidad, irregularidad ni responsabilidad alguna». No obstante, la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, ya instruyó las primeras diligencias para esclarecer si las omisiones en la postulación constituyen un delito penal.
