En un fallo unánime, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a los cabos primeros de Carabineros, Claudio Iván Urrutia Lillo y Jorge Ignacio Ortiz Ortiz, a penas de 6 años de presidio efectivo. Los exuniformados fueron hallados culpables del delito consumado de robo con intimidación, cometido mientras se encontraban en pleno ejercicio de sus funciones en diciembre de 2023.
El «procedimiento» que terminó en atraco Los hechos acreditados por el tribunal ocurrieron en la comuna de Estación Central, cuando los ahora sentenciados, a bordo de motocicletas institucionales, interceptaron a la víctima, Jeisson Narváez García. Lejos de realizar una fiscalización legal, los carabineros procedieron a insultar al afectado y lo amenazaron con deportarlo.
Bajo esta intimidación, registraron sus vestimentas y le sustrajeron su billetera y teléfono celular. Tras escoltarlo bajo presión hacia otra zona de la comuna, le devolvieron sus pertenencias, pero se quedaron con la suma de $624.000 en efectivo que la víctima portaba.
La multa «fantasma» para encubrir el delito Además de la pena por el robo, el acusado Jorge Ortiz Ortiz sumó otros 820 días de reclusión por el delito de falsificación de instrumento público. Para intentar justificar la patrulla y el encuentro con la víctima fuera de su marco legal, Ortiz confeccionó una infracción de tránsito ideológicamente falsa. En el documento, se acusaba a la víctima de conducir sin licencia en la comuna de Cerrillos, lugar donde el afectado ni siquiera transitó aquel día.
Dureza judicial: Sin beneficios por «abusar de la ley» El tribunal descartó cualquier rebaja de pena, aplicando un marco rígido debido a la gravedad del acto. Los jueces destacaron que el daño causado es mayor al tratarse de funcionarios públicos que «abusaron de las prerrogativas que la ley les entrega para el resguardo del orden público».
Junto a la cárcel efectiva, ambos sentenciados quedaron bajo la inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos y derechos políticos. Una vez ejecutoriado el fallo, se procederá a la toma de muestras biológicas para incorporar sus huellas en el registro nacional de ADN de condenados.
