El juicio ciudadano sobre los tribunales de justicia y los fiscales del ministerio Público es que les tienen “nada o casi nada” de confianza. Esta lapidaria opinión queda en evidencia en la última Encuesta Nacional Signos (2 de mayo) en la que jueces y fiscales comparten esa desconfianza con los parlamentarios (33,2%; 37,5%;43,9% de confianza negativa, respectivamente). La mala percepción en justicia, seguridad y política sigue cayendo independientemente de quién gobierna el país.
Las viejas preguntas ordenadoras de Eduard De Bono para identificar un objetivo de controversia, negociación o política: “¿qué quiero?, ¿quién lo tiene? y ¿cómo puedo obtenerlo?” cobra plena vigencia ante autoridades paralizadas por la realidad compleja del Estado moderno. La Seguridad debe proveerla el gobierno. La Justicia el Poder Judicial en coordinación con el Ministerio Público y apoyo del gobierno. La Corte Suprema con Ana Chevesich a la cabeza debe ordenar los tribunales. Angel Valencia garantizar investigaciones eficientes y probas. Ninguno está haciendo lo que debe y de ahí sus malas calificaciones.
El tráfico de influencias y de acciones corruptivas que involucran al ministerio Público y al Poder Judicial, -repetidos hasta el cansancio- han sido un mazazo institucional a la probidad y la confianza en el funcionamiento del Estado de Derecho. La inseguridad interior del país por la acción de bandas criminales y una violencia incontrolable se ve potenciada por manipulaciones y corrupción judicial, lo que abre las puertas de facto a la impunidad y al crimen organizado. La inacción de las autoridades, al tolerarlo, contraviene el mandato constitucional de “garantizar el orden institucional de la República” y agrava la crisis del sistema que vocea el gobierno.
El espacio común de la fiscalía Nacional y el Poder Judicial
Los problemas judiciales y de seguridad se juntan en las interacciones de la fiscalía Nacional y el Poder judicial. La garantía del funcionamiento sano de las salas judiciales no está asegurada por ley en Chile, y las irregularidades en torno a ese funcionamiento no se investigan. La sala judicial, es el escenario donde las partes confluyen a exponer sus alegaciones. Donde se practica la prueba, se controla la fe pública requerida en un juicio y se dicta la sentencia definitiva. No es el estrado de un juez sino el punto de llegada de un trabajo administrativo y de investigación previo en el cual también entra la selección del tribunal competente en cada causa.
La pureza de todos estos actos, realizados por fiscales, policías y funcionarios judiciales antes de llegar al juez, no puede basarse en la confianza ciega de los usuarios. Requiere de un sistema de contrapesos y blindajes jurídicos, diseñados para que la veracidad de lo ocurrido pueda ser validado en la «sala judicial» de manera imparcial. Mecanismos de control como legalidad y reserva judicial; de cadena de custodia; debate de contradicción; o actas autorizadas y fe pública sobre la documentación que se exhibe debiera ser la regla. Y que cualquier falsedad de actos o documentos es un delito grave de falsedad ideológica o documental. Su pureza debe garantizarse haciendo de ellos un proceso trazable y auditable por una autoridad independiente bajo la amenaza de nulidad. Eso controlaría la el juzgamiento imparcial del juez.
Este es el gran forado de seguridad o riesgo de todos y cada uno de los procesos en Chile. Que se torna catastrófico si una parte logra manipular y/o capturar la sala judicial para producir un resultado pre-visto, como acto final de corrupción ante un juez que no escucha. Que disuelve la igualdad ante la ley y el acceso a una justicia proba e imparcial como valores esenciales del orden institucional.
El tráfico de influencias y de acciones corruptivas del ministerio Público y el Poder Judicial -repetidos hasta el cansancio- son un mazazo para la confianza en el funcionamiento del Estado de Derecho. La inseguridad interior por la acción de bandas criminales y una violencia incontrolable se ve potenciada de facto por esa corrupción. Al tolerarlo, al menos por omisión, las autoridades contravienen el mandato constitucional de “garantizar el orden institucional de la República”.
Fraudes reales e investigaciones inconducentes
Investigar es el primer problema que solucionar. Hasta ahora, quienes tienen la responsabilidad de controlar e investigar no lo han hecho y los problemas se acumulan. Uno sus nudos gordianos es el sistema digital del PJUD. La Corte Suprema ha negado por años la manipulación de procesos judiciales y la debilidad de su sistema digital. La Fiscalía por su parte, no se mete, y tampoco se hace cargo de su falla en la capacidad profesional y técnica para investigar delitos de alta complejidad. En todos esos casos hay rasgos de acción criminal, con innovaciones tecnológicas y gestión burocrática en los procesos delictivos, que la justicia es incapaz de investigar y sancionar. De ahí al riesgo rutinario y la impunidad hay solo un paso. He aquí algunos ejemplos.
El caso Curauma.
Es el caso paradigmático de complejidad. En los episodios judiciales y administrativos ya tradicionales de corrupción en los últimos años, la distribución judicial de acusas, los registros digitales y la trazabilidad de los juicios queda bajo sospecha. Los archivos relacionados con la distribución de causas y los sistemas informáticos del Poder Judicial son demasiado febles y la administración de justicia queda entregada al buen criterio del juez.
Se habla de sistemas pues no es uno sino varios. Sin proveedores generales sino de creación propia, tienen diferentes empresas que proveen parches ante incidentes, pero ningún responsable externo integral. Quien responde entonces es el Poder Judicial mismo con su operador la Corporación Administrativa.
En la manipulación digital destaca la Quiebra de Curauma SA. El Caso se acaba de reactivar con la querella criminal presentada por Manuel Cruzat en contra de un grupo connotado de abogados y ejecutivos de Sanhattan, en la que cuestiona el origen y la radicación judicial del proceso concursal de Curauma S.A, elemento central para transformarlo en un complejo enjambre judicial doloso para apropiarse ilegalmente de su patrimonio.
La forma anómala en que la causa habría terminado en el 2° Juzgado Civil de Santiago, pese a que varios elementos procesales, entre ellos el domicilio legal de la empresa que estaba en Valparaíso, deben investigarse. A partir de esa la radicación ilegal en Santiago, producto de una manipulación se habría dado todo el resto del procedimiento, en el cual se podría identificarse lavado de activos, elusión fiscal, construcción de un enlace o red criminal, además de prevaricación y/o estafa procesal, como un tejido “de rincón de arañas”.
Su importancia para la seguridad del país radica en que en un plazo muy amplio de tiempo, perfectamente calculado, los hechores habrían usado distintos mecanismos del sistema jurídico aplicable al caso para construir la apariencia de legalidad, en una madeja procesal compleja, com múltiples organismos públicos prevaricando judicial o administrativamente.
En esta perspectiva el caso se transforma en una lección aprendida de riesgo para el Estado si es comprendido y apropiado como modelo por el crimen organizado. Es un riesgo de sobrevivencia institucional sana, que depende de los resultados de la investigación y juzgamiento del caso. De ser negativos o estériles, podrían constituir un modelo para actores criminales con recursos y capacidad y voluntad de incidencia de poder en el sistema judicial.
La manipulación del archivo penal de Gabriel Boric. El 27 de octubre de 2021 una funcionaria del Juzgado de Garantía de San Bernardo, ingresó ilegalmente al «Sistema de Gestión Penal» y a su base de datos informática «Sistema de Tramitación de Causas del Poder Judicial», y manipuló el contenido de la causa RUC 0500006315-2, RIT 145-2005, del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, incoada por delito de hurto en contra de Gabriel Boric Font el año 2005. Ahí alteró maliciosamente los datos contenidos en la causa y agregó un documento que previamente había creado con el contenido «Por hurto en contra de Boric, y reemplazaron la documentación para que no se supiera qué tenía, averigua». Luego lo hizo circular anónimamente en redes sociales.
Formalizada como autora y ejecutora de ingreso ilícito y alteración de datos de un sistema de información según la ley 19.223 sobre Delitos Informáticos, se pidió pena de cárcel para ambos delitos sumando más de 3 años de prisión, más accesorias legales. La mala calidad de la prueba de la Fiscalía consistente en una tanda de funcionarios de los tribunales implicados, y del soporte y control informático de la CAPJ sin ningún peritaje externo ni nada que permitiera esclarecer lo relevante de la facilidad con que se había vulnerado el sistema, obligaron al fiscal a negociar.
El 22 de mayo de 2025 ante la posibilidad cierta que la inculpada fuera absuelta de todo cargo, Milibor Bugueño, fiscal de Alta Complejidad, acordó con el abogado defensor cerrar el caso mediante con un procedimiento abreviado. ¿La razón? La reiteración de realizar una diligencia denegada el 2022 por injustificada, consistente en “Realizar el ejercicio de ingresar desde el computador usado por Carolina Roldán Berríos y (…) acceder a la causa RIT 0-145-2005 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas de la misma forma en que habría ingresado antes. Además, se pedía “extraer los datos de los funcionarios judiciales que hubieren realizado cualquier tipo de cambio en la misma, sea subir o sustituir documentos, de todo el proceso y principalmente en el período entre los días 17 de marzo de 2021 y 3 de noviembre de 2021”, Todo sin intervención de la CAPJ. Según el abogado defensor algo esencial “para descartar la existencia del delito por el cual fue formalizada su representada” La CAPJ (y la Fiscalía) nunca accedieron pues lo solicitado habría dejado en evidencia la inexistencia de respaldos digitales.
Los 65 camiones ilegales del 28 Juzgado Civil. Primero se manipuló el algoritmo de distribución de causas para que, en segundo lugar, ellas cayeran en el mismo juzgado, donde había una jueza amiga que, en tercer lugar, blanquearía la infracción. ¿Es crimen organizado?
Más allá de la calificación penal lo que interesa es la manipulación del sistema que compra un resultado que fue lo que ocurrió en el 28°juzgdo Civil de Santiago.
Hace dos años, Claudia Veloso jueza titular del 28 Juzgado Civil de Santiago, al retomar su cargo tras una larga licencia médica, denunció ante la 6° Fiscalía Judicial de Santiago la comisión de una eventual cadena de delitos cometidos en su ausencia, para inscribir y legalizar “camiones hechizos”, ensamblados con partes y piezas usadas importadas como repuestos, lo que está prohibido en el país. La operación se habría repetido 66 veces.
El delito de “ensamblaje clandestino” más allá de la cadena de fases delictivas que implica persigue crear una nueva unidad de transporte de carga, cuya inscripción solo es posible si lo ordena un tribunal, porque generalmente el Registro Civil la rechaza en primera instancia. Los delitos asociados son contrabando, falsificación de instrumentos públicos y delitos tributarios y delitos funcionarios para sortear la barrera de inscripción.
Esto fue lo que ocurrió en el 28 Juzgado Civil de Santiago denunciado por la jueza titular. Operando contra la lógica del algoritmo de distribución de causas para seleccionar el 28° Juzgado Civil como competente se “sortearon” 66 casos en menos de 10 meses el año 2022 cuando la jueza suplente era la secretaria del tribunal Lilian Esther Lizana Tapia. Esta dictó 65 fallos ordenando al Registro Civil inscribir. Todas las causas fueron presentadas por el mismo abogado, Luis Eduardo Muñoz Chacc, socio de Cristián Mandujano Moreno, pareja de la mencionada jueza suplente. Inscritos los vehículos quedaron en condiciones de obtener permiso de circulación e incorporarse a una flota terrestre, sin dejar otros rastros que el archivo de la sentencia que blanqueó la cadena delictiva. Todo obtuvo solo amonestaciones del Poder Judicial.
Epitafio de abogado
Existen numerosas situaciones que sería largo enumerar. Solo se buscó ilustrar lo cotidiano y la verdad socialmente evidente que hoy tiene la manipulación del algoritmo de distribución de causas, en todo el tema de corrupción judicial.
Pero su intangibilidad aún tiene creyentes. Uno de ellos es Cristóbal Eyzaguirre Baeza, abogado de Claro y Cía. quien en septiembre de 2023 hizo una tajante defensa de este. Respondiendo a preguntas de la prensa sobre la manipulación del caso Curauma dijo: es «un tema viejo», y agregó: “El sistema de distribución no lo puede intervenir nadie” (sic). Calificó los reclamos legales de Curauma como un “Intento desesperado de Cruzat, que perjudicó a muchos acreedores, incluido el fisco de Chile», y entre otras disquisiciones académicas sostuvo que en un algoritmo de distribución de causas «El número del tribunal es lógicamente irrelevante” (sic).
Hoy es uno de los querellados por Curauma S.A, y a la luz de los casos citados en esta crónica y su experiencia personal tal vez esté más cauteloso en sus juicios.
No obstante, su carácter, inversamente proporcional a su estatura física o inteligencia, explota ante los contratiempos. Como en el caso Australis, donde representando a Isidoro Quiroga enfrenta al grupo chino Joyvio y Carlos Peña como contraparte. Calificó de «aberrante» el laudo que ordena a aquel pagar US$ 300 millones a los chinos por haber ocultado información que infló artificialmente el valor de la empresa e hizo que los compradores pagaran un sobreprecio en la operación.
En el caso Curauma, resulta curioso que quien eventualmente litiga o asesora juicios importantes y ejerce activamente la academia, minimice con talante soberbio la importancia de una sala judicial y las fallas del sistema digital del PJUD que generan que ellas no funcionen adecuadamente. Algo que hoy reconoce la propia CAPJ en el caso de Curauma al establecer por Oficio que su sistema no conserva registros suficientes de distribución de causas antiguas, que no dispone del código fuente original del sistema digital y que ciertos registros temporales se eliminan automáticamente tras su uso. Cosas que Eyzaguirre Baeza debiera entender solo favorece a quienes buscan manipularlo. Debiera tenerlo presente al estar sindicado por la querella de Manuel Cruzat, junto con Miguel Huerta como ideólogos del esquema fraudulento aplicado al caso Curauma.
