Tras las sucesivas jornadas de audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la situación procesal de Joaquín Lavín León se centra en la acreditación del presunto uso de la estructura municipal de Maipú para fines ilícitos. El Ministerio Público le imputa los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, estimando un perjuicio fiscal que superaría los 170 millones de pesos. El núcleo de la acusación sostiene que el exparlamentario instrumentalizó el consistorio para beneficio personal y político, actuando en coordinación con funcionarios y proveedores mediante un esquema de facturación irregular.
Mientras el ente persecutor y el Consejo de Defensa del Estado insisten en la medida de prisión preventiva, la defensa técnica del exdiputado ha centrado sus alegatos en desestimar el dolo, calificando los hechos como “errores administrativos” en el manejo de asignaciones parlamentarias. Esta arista permanece estrechamente vinculada a la investigación contra su cónyuge, Cathy Barriga, cuya preparación de juicio oral fue recientemente postergada para agosto de 2026 debido al extenso caudal probatorio que incluye más de 14.000 páginas y 32 terabytes de información.
