Mientras el Ejecutivo insiste en un discurso de austeridad fiscal y «falta de caja», una reunión privada en el Palacio de La Moneda ha encendido las alarmas de la oposición y de los organismos de control. El presidente José Antonio Kast recibió el pasado viernes 10 de abril a sus antiguos compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en una cita que, lejos de quedarse en la nostalgia universitaria, ha derivado en una denuncia formal ante la Contraloría General de la República.
Un menú de «salón social» en medio de la crisis La controversia no solo radica en la reunión, sino en el despliegue de recursos para llevarla a cabo. Según los antecedentes presentados por los diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, los invitados disfrutaron de un menú que incluyó tartar de tomates, vino tinto y plateada al jugo con puré rústico.
La denuncia busca determinar si este encuentro, de carácter estrictamente privado, fue financiado con fondos públicos, utilizó personal institucional en horario laboral y si existe una justificación para comprometer el presupuesto del Estado en una actividad de camaradería personal. «El Presidente no puede usar La Moneda como si fuera su quincho», fustigó la senadora Cicardini, cuestionando la coherencia entre este evento y el relato de estrechez económica del Gobierno.
El factor de la desinformación: la foto que no fue En un giro que añade complejidad al caso, las redes sociales —especialmente la plataforma X— se inundaron con una fotografía que supuestamente retrataba el banquete en uno de los salones presidenciales. Sin embargo, análisis técnicos de Inteligencia Artificial han confirmado que la imagen es un contenido sintético generado por IA en casi un 100%.
Aunque el encuentro sí existió y fue confirmado inicialmente por medios como El Mercurio, el uso de evidencia falsa en redes sociales ha generado un debate paralelo sobre la manipulación informativa. Según fuentes cercanas, el objetivo de la cita era generar un espacio de diálogo político transversal entre figuras de distintas sensibilidades, pero el foco terminó desviándose hacia la ética del uso de la sede de Gobierno para fines particulares.
Bajo la lupa de la Contraloría Ahora, el ente regulador deberá solicitar la nómina de asistentes, el detalle de los costos asociados y verificar si existieron reembolsos por parte de los privados involucrados. Mientras tanto, la administración de Kast enfrenta una caída en las encuestas y una creciente presión por la gestión de la seguridad, sumando ahora un flanco de críticas por la administración de los símbolos y recursos del Palacio presidencial.
