La llamada que alertó de la colocación de un artefacto explosivo en el SAPU Miraflores de Viña del Mar en días pasados fue falsa. Como en todo este tipo de llamadas, su investigación es clave para determinar si se trata de una “broma” o de un globo de sonda criminal, aunque sin daños en las personas. Se ignora el interés y/o capacidad de la Fiscalía, pero en Chile se suceden en un promedio de 1 cada 4 días. Un 97% son falsas y solo un 3% positivas. Pero de todas, falsas o positivas, solo su investigación es la que permite identificar a los hechores, entre los cuales encontramos hasta ex diputados de la república.
Por múltiples razones investigarlas es obligatorio. Los indicios de sofisticación que muestra el crimen organizado, y la debilidad conceptual y orgánica de nuestras policías lo requiere. Con la mala formación inicial de las policías, bajas remuneraciones, poca inteligencia institucional y operativa de apoyo y, lo peor, manipulación política de sus mandos, la población está resignada a vivir en el temor.
Estas llamadas que anuncian artefactos explosivos perfectamente pueden ser un distractor de atención de las policías, destinado a desgastar sus operativos con una pérdida o merma del alistamiento en sus despliegues. Estos se rutinizan con nulo resultado práctico directo, pierden sensibilidad estratégica, siendo su único resultado positivo el ejercicio de evacuación.
Ellas pueden también ser parte de la inteligencia propia del crimen organizado. Por ejemplo, para analizar de manera pormenorizada los despliegues policiales, sus tiempos de arribo y la composición de efectivos. Crecientemente se usan para identificar los procesos de resguardo de la infraestructura crítica interna de un edificio “asediado”, conocer sus protocolos de crisis y tiempos de respuesta, para mejorar la “eficiencia” del acto delictivo. Ya sea ampliando los tiempos disponibles para su comisión, estudiando como eliminar el “rastro” en la escena del delito, o practicar las vías de escape. Sobre todo, en delitos de alto riesgo o complejidad.
Por cierto, lo más corriente es que sean bromas originadas en la “idiotez cívica” de la población, lo que indicaría una burla frente al poder policial. La lógica de seguridad integral moderna debe reorientar la política en este campo para revertir esta negativa tendencia. Y ello depende en gran medida de la severidad de las sanciones.
Si se analiza con detenimiento las políticas de seguridad en el decenio anterior, y la especial volatilidad de juicios y de conducción en el actual gobierno, resulta evidente que el país tiene problemas de inteligencia política y de percepción de lo que es una institucionalidad eficiente en materia de seguridad.
El ejemplo extremo está en la orientación digital de la seguridad. La ley de ciberseguridad recientemente aprobada aumentó de manera significativa el número de instituciones y servicios de la administración con perfil crítico, cambiando el análisis situacional a uno integral de tecnología, procesos y personas.
La amenaza digital de ciber ataques con bloqueos y secuestros de información (ransomwere) que se combate preferentemente con hacking ético de ataque, debe complementarse con ciber seguridad de borde, es decir protección interna de espacios y procesos en el funcionamiento de una institución, mediante mecanismos o sistemas de borde. La sincronización de cámaras instaladas para controlar usuarios y circulación, coordinadas mediante IA que cruza información y detecta situaciones anómalas, dejando registros biométricos y de movimientos, es borde (interno) y resulta esencial para una acción policial posterior rápida y exitosa. Y previene en el acto cerrando circuitos.
Todo esto, que pareciera una apreciación exagerada a partir de la simple llamada falsa de bomba en el SAPU de Viña del Mar, no lo es. Por el contrario, sirve para auscultar la salud de la seguridad en el país, y la verdadera comprensión del tema por parte de las autoridades. Porque la “emergencia” que declaran sí puede llegar de improviso, en centros de salud, aeropuertos, terminales rodoviarias, trenes, torres de alta tensión, metros, puertos y el sin fin de infraestructura crítica del país, incluidos los malls. Y víctimas reales. Y entrar por un “estímulo” que los sistemas de alarma pueden considerar algo rutinario o una broma si no tienen como reconocerlos.
Identificar y sancionar severamente a los autores de las llamadas, aun en caso de bromas, parece imprescindible, para escarmiento incluso de la elite politica. Una llamada falsa fue hecha por el exdiputado RN Camilo Moran Bahamondes durante el cierre de campaña de Rodrigo Galilea por la presidencia del partido en 2023. Hizo un llamado anónimo a Bomberos asegurando que había una bomba a punto de estallar en el edificio donde se realizaba el acto. Tras descubrir su autoría fue formalizado y condenado a una pena leve que no cumplió. Finalmente, en juicio abreviado, donó 200 mil pesos a bomberos y prometió no volver a hacerlo, y en febrero de 2026, zafó.
Increíble pero cierto. Aseguraba ser experto en seguridad, fue jefe de gabinete de Mario Desbordes, y trabajó en el tema seguridad para la municipalidad de La Florida y en la SEGEGOB.
