En un movimiento que redefine el tablero de la industria extractiva en Chile, el Gobierno de José Antonio Kast oficializó este jueves el retiro de tramitación del proyecto de nueva Ley de Pesca. La decisión no solo sepulta la iniciativa estrella de la administración de Gabriel Boric, sino que restablece plenamente la vigencia de la denominada Ley Longueira, manteniendo el actual esquema de operación para los sectores industrial y artesanal.
El fin de la «preeminencia científica» El proyecto retirado, ingresado a inicios de 2024, buscaba un cambio de paradigma al situar a la ciencia como el eje rector de las decisiones administrativas y de conservación de los recursos hidrobiológicos. Además de fortalecer la transparencia en los procesos de extracción, la propuesta promovía un aumento en las cuotas para pescadores artesanales y buscaba reducir las brechas de género en el sector.
Al no haber llegado nunca a ser votada en la Sala de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo utilizó su facultad legal para retirar el decreto de forma inmediata, deteniendo un trabajo que ya sumaba más de 200 audiencias en ocho regiones del país.
Un quiebre profundo en el Congreso La medida desató una tormenta política inmediata. Desde la oposición, el diputado Jorge Brito (FA) calificó la acción como un golpe al «futuro» de más de 100 mil personas que dependen de la pesca artesanal, sector que ya se encuentra afectado por el alza de los combustibles. En la misma línea, el senador Daniel Núñez (PC) tildó el retiro como un acto de «aval a la corrupción», sugiriendo que la decisión beneficia directamente a grandes grupos económicos de la industria.
Por el contrario, el sector oficialista respaldó la determinación de La Moneda. El diputado Sergio Bobadilla defendió el retiro argumentando que el proyecto de la administración anterior generaba «incertidumbre jurídica, pobreza y cesantía», asegurando que ahora se podrán buscar equilibrios que permitan el progreso real de la actividad, especialmente en regiones críticas como el Biobío.
Lo que queda en pie A pesar del retiro total del proyecto, un aspecto sobrevivió a la purga legislativa: el fraccionamiento pesquero. Esta normativa, que regula la división de cuotas entre industriales y artesanales, alcanzó a despacharse a ley de forma separada durante 2025, por lo que se mantiene vigente a pesar de la caída del cuerpo legal principal. Con este cierre de filas, el Gobierno de Kast apuesta por la estabilidad de las reglas actuales, mientras la oposición promete dar la batalla en las comisiones para evitar lo que consideran la desaparición de la pesca a pequeña escala.
