Tras una década de espera en los pasillos del Congreso, el fútbol chileno se enfrenta a su transformación más profunda desde la creación de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en 2005. La Cámara de Diputados despachó a ley una reforma estructural que, con 148 votos a favor, busca terminar con la opacidad en la propiedad de los clubes y devolver, al menos en parte, el protagonismo a los hinchas.
Los pilares del nuevo orden deportivo
El proyecto aprobado no es un simple ajuste administrativo, sino un rediseño del poder en el balompié nacional. Estos son los cambios clave que redefinirán la actividad:
- Fin a la multipropiedad: Se prohíbe estrictamente que una misma persona natural o jurídica tenga participación o control en más de un club de la misma categoría o división. El objetivo es eliminar los conflictos de interés que han empañado la competencia en los últimos años.
- Identidad de los «dueños reales»: Se establece la obligación de transparentar quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades que controlan a los equipos. Según los impulsores de la ley, esto permitirá saber finalmente quiénes están detrás de cada institución, bajo pena de incurrir en delitos si se falsea la información.
- Separación de poderes (ANFP y Federación): La reforma apunta a que la Federación de Fútbol de Chile se encargue exclusivamente de las selecciones nacionales y el desarrollo formativo, mientras que una estructura distinta administre las ligas profesionales. Aunque este punto pasará por una comisión mixta para definir su reglamento, la intención de separar los intereses de la liga de los de la «Roja» es definitiva.
- Representantes fuera de los clubes: Los agentes de jugadores y personas vinculadas a ellos tendrán prohibido participar en la propiedad o administración de los equipos. Con esto se busca evitar que las carreras de los futbolistas y la gestión de los clubes se crucen de forma indebida.
- Fiscalización y voz para el hincha: El Estado, a través de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), tendrá mayores facultades de supervisión. Además, se abren espacios para que socios y seguidores tengan una incidencia real en la toma de decisiones institucionales.
¿Qué sigue ahora?
Una vez que el Presidente promulgue la ley, las instituciones tendrán un plazo de 18 meses para adecuar sus estatutos al nuevo marco legal. Comienza así una fase decisiva donde los clubes deberán rediseñar su estructura administrativa y financiera para cumplir con los estándares de transparencia que el país deportivo ha clamado durante diez años.
